Propiedades que alguna vez pertenecieron a los jefes del extinto Cartel de Cali hoy se encuentran en estado de ruina, invadidas, saqueadas o completamente deterioradas. Investigaciones periodísticas evidencian el grave abandono de estos bienes, que tras ser incautados por el Estado colombiano terminaron convertidos en escombros.
Entre las propiedades afectadas hay haciendas, casas campestres, apartamentos y lotes ubicados principalmente en el Valle del Cauca. Muchas de estas estructuras fueron objeto de saqueos por parte de buscadores de “caletas” —personas que irrumpen en los inmuebles con la expectativa de encontrar dinero o bienes ocultos—, lo que aceleró su destrucción.
El fracaso en la administración
Tras la incautación, los bienes quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar los activos provenientes de actividades ilícitas.
Sin embargo, reportajes recientes señalan que varias de estas propiedades no fueron mantenidas adecuadamente, carecieron de vigilancia efectiva y terminaron siendo vandalizadas o invadidas. En algunos casos, el deterioro fue tan avanzado que los inmuebles perdieron casi todo su valor comercial.
Expertos en administración pública advierten que el Estado no solo dejó de aprovechar económicamente estos activos, sino que permitió que se convirtieran en focos de inseguridad y deterioro urbano.
De símbolos del narcotráfico a ruinas
Durante las décadas de los 80 y 90, el Cartel de Cali acumuló una extensa red de bienes suntuosos que simbolizaban el poder económico del narcotráfico. Tras la captura y caída de sus principales cabecillas, el Estado inició procesos de extinción de dominio para recuperar esas propiedades.
No obstante, tres décadas después, muchas de esas mansiones y fincas están destruidas, desvalijadas o reducidas a lotes abandonados.
La situación ha generado críticas sobre la capacidad institucional para proteger y rentabilizar bienes incautados, así como sobre la necesidad de reformar el modelo de administración para evitar que el patrimonio recuperado del crimen termine perdiéndose.
Debate sobre el uso social de los bienes
Diversos sectores han propuesto que estos inmuebles se destinen a proyectos sociales, educativos o comunitarios. Sin embargo, el avanzado estado de deterioro de muchos de ellos implica inversiones millonarias para su recuperación.
El caso reabre el debate sobre el manejo de los bienes del narcotráfico en Colombia y el papel del Estado en garantizar que los activos recuperados realmente beneficien a la sociedad.
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