El reciente retiro del general Edwin Masleider Urrego Pedraza de la Policía Nacional ha generado un profundo debate político y de seguridad en Colombia. La controversia se originó tras una serie de señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de estar supuestamente implicado en un plan para sabotear una reunión presidencial mediante la introducción de drogas en un vehículo oficial.
¿Por qué fue retirado?
El pasado 11 de febrero de 2026, Petro ordenó retirar a Urrego del servicio activo bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, un mecanismo que permite apartar de la función operativa a un oficial sin pérdida de grado ni pensión. La decisión se fundamentó en un supuesto informe de inteligencia basado en un correo anónimo recibido en octubre de 2025, que advertía de un presunto complot contra la seguridad del presidente y otros funcionarios.
Petro y parte de su gabinete interpretaron ese anónimo como indicio de un plan para incluir sustancias psicoactivas en el automóvil presidencial con el objetivo de afectar la imagen del jefe de Estado antes de una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Críticas internas: desinformación y “voces” que pidieron la salida
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, reconoció que el presidente fue “desinformado” con respecto al caso y que la denuncia que motivó la decisión no pasó por su despacho, sino directamente por los canales institucionales de la Casa de Nariño.
Idárraga también admitió que existieron “voces internas” —no anónimas— que pedían la salida de Urrego de la Policía Nacional, aunque no identificó a sus autores. El exministro de Justicia (e) consideró que, si el general no incurrió en faltas, la justicia debería investigar el origen de la información que precipitó su retiro.
Expertos y críticos han cuestionado el uso de un reporte anónimo para decisiones institucionales de alto impacto, especialmente cuando no hay evidencia pública clara que sustente las acusaciones.
Respaldo institucional a Petro
Frente a la controversia, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado defendiendo la facultad constitucional del presidente para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de las Fuerzas Militares y de Policía. La entidad afirmó que Petro cuenta con la autoridad legal y constitucional para tomar decisiones sobre el retiro de oficiales de alto rango.
La DNI indicó que las fuentes de información no se limitan a la entidad misma, sino que pueden incluir aportes de otras agencias de inteligencia y de la ciudadanía, buscando justificar que la decisión presidencial es parte de las competencias establecidas en la ley.
Reacción del general Urrego
El propio general Urrego rechazó las acusaciones y desigualdades que derivaron en su retiro. Según versiones periodísticas, calificó las imputaciones como sin fundamento y planea iniciar acciones legales para defender su reputación y honor, argumentando que no existen pruebas concretas sobre el presunto complot.
Debate en la Policía y el impacto en seguridad
La salida de Urrego ha generado inquietud entre sectores de la Policía Nacional. La organización Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, compuesta en parte por miembros de la reserva policial, alertó sobre un posible “deterioro estratégico” de la institución debido a la salida de oficiales de alto rango sin causa judicial clara, y llamó a respetar el debido proceso.
Esto se suma a preocupaciones expresadas en regiones como Cali, donde la sucesión de comandantes ha sido vista como un factor que puede afectar la continuidad de estrategias de seguridad en una de las ciudades con altos índices de violencia y retos en orden público.
¿Qué sigue?
El episodio pone de manifiesto tensiones entre el Ejecutivo, los organismos de inteligencia y los mandos de las fuerzas públicas, así como la necesidad de establecer mecanismos claros de verificación y transparencia antes de tomar decisiones que afectan carreras institucionales y la percepción de la ciudadanía.
Aunque el respaldo constitucional a Petro para llamar a calificar servicios está establecido, el debate político e institucional sobre este caso continúa en desarrollo, con posibles implicaciones para la gestión de la seguridad nacional y la relación entre el Gobierno y la Policía.
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