El bailarín y coreógrafo Nerú Martínez Carrillo ha sido objeto de atención pública tras conocerse los detalles de varios contratos que ha firmado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad vinculada directamente con la Casa de Nariño. Según un informe de El Tiempo, sus vínculos contractuales con esa dependencia ya superan los 276 millones de pesos desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro.
¿Quién es Nerú Martínez?
Nerú Martínez es un bailarín, coreógrafo y personalidad popular conocido por su trabajo en rutinas de baile, acondicionamiento físico y presencia en televisión. En el Gobierno, ha sido contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, con el objeto de apoyar actividades de bienestar, salud mental y física dirigidas a funcionarios de la Presidencia y al equipo del DAPRE.
Se le conoce por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, lo que ha generado debate sobre la naturaleza y pertinencia de sus múltiples contratos con la administración.
Detalles de los contratos
Desde que el Gobierno de Petro inició funciones en agosto de 2022, Martínez ha firmado seis contratos con el DAPRE. El más reciente fue adjudicado el 29 de enero de 2026, apenas dos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, con un valor total de 36,062,000 pesos y vigencia hasta el 31 de julio de 2026.
Anteriormente, obtuvo contrataciones continuas con la misma entidad que incluyen:
- Contratos en 2023 y 2024 con valores entre 26 y 77 millones de pesos cada uno, destinados a actividades recreativas, pausas activas, talleres de bienestar y apoyo en el clima laboral de la Casa de Nariño.
- Vinculaciones en 2022 y 2025 con montos superiores a 60 millones de pesos, todos bajo contratos de prestación de servicios para actividades de salud física y mental.
En total, registros de contratación pública muestran que desde septiembre de 2022 hasta 2026, la suma supera los 276 millones de pesos en recursos públicos destinados a su labor.
Objeto contractual y funciones
Los contratos que ha firmado Martínez con el DAPRE tienen como finalidad, según los documentos oficiales:
- Apoyar la gestión del Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano.
- Desarrollar actividades de salud mental y física, tales como talleres, pausas activas, rutinas de ejercicio y promoción de bienestar entre funcionarios.
- Contribuir al mejoramiento del clima laboral dentro de la Presidencia de la República.
Críticas y contexto
La contratación de Nerú ha generado críticas desde sectores de oposición y analistas de gestión pública que cuestionan el uso de recursos estatales en este tipo de servicios, especialmente en un contexto de austeridad fiscal y recortes presupuestales en otras áreas del Estado.
Los críticos también señalan que sus repetidas contrataciones, bajo la figura de prestación de servicios, ocurren pese a que la Casa de Nariño impulsa políticas de eficiencia en el gasto público, lo que ha generado debates sobre prioridades presupuestales.
Por su parte, defensores de la contratación han argumentado que estas actividades pueden contribuir al bienestar integral del personal y que la contratación directa de talento específico para ese fin es una práctica dentro de la normativa estatal.
Transparencia y declaración de ingresos
Un elemento que ha llamado la atención es que Nerú, a pesar de haber recibido importantes sumas por contratos públicos, declaró ingresos, bienes y acreencias iguales a cero (0,00 pesos) en su declaración de renta de 2024, lo cual fue registrado en la plataforma Función Pública.
Balance y debate público
El caso de Nerú Martínez se ha convertido en un referente de discusión sobre contratación directa con el Gobierno, vínculos de confianza con altos cargos, transparencia en el uso de recursos públicos y la implementación de políticas de bienestar laboral en el sector público.
Mientras algunos sectores defienden la pertinencia de sus funciones dentro del clima organizacional del Gobierno, otros piden una revisión más rigurosa de los criterios y montos utilizados en estas adjudicaciones.
El debate continúa abierto en medios de comunicación y ámbitos de control ciudadano, con miras a futuras evaluaciones sobre la eficacia y racionalidad del gasto en contratación en la Casa de Nariño.
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