La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente volvió a desatar una fuerte controversia política en Colombia. Varios congresistas, analistas y líderes políticos han cuestionado la idea, señalando que podría convertirse en un intento de alterar el equilibrio institucional del país y en una estrategia con fines electorales.
Entre las voces más críticas se encuentra la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien calificó la iniciativa como una “aberración” y advirtió sobre los riesgos de abrir la Constitución en el actual contexto político.
“Una aberración”: la crítica desde el Congreso
La congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, aseguró que la propuesta de una constituyente impulsada desde sectores del Gobierno carece de sustento jurídico y político.
Según la representante, abrir un proceso constituyente podría generar inestabilidad institucional y desviar la atención de los problemas urgentes del país. En sus declaraciones, señaló que la iniciativa se presenta como una solución a bloqueos legislativos, pero en realidad podría terminar debilitando el orden constitucional vigente.
La congresista también cuestionó que la idea de convocar una constituyente se utilice como herramienta de presión política frente al Congreso y a las altas cortes.
“Un embeleco para romper las instituciones”
En la misma línea crítica, Juvinao afirmó en otras declaraciones que la propuesta del presidente sería un “embeleco” que podría terminar afectando la arquitectura institucional del país.
Para la legisladora, el debate sobre una nueva constitución debe darse con responsabilidad y no como respuesta a las dificultades que enfrenta el Gobierno para aprobar sus reformas en el Congreso.
Además, insistió en que la Constitución de 1991 sigue siendo un marco jurídico sólido que ha permitido avances en derechos fundamentales, participación ciudadana y equilibrio de poderes.
Lucho Garzón: “es un carretazo electoral”
El exministro y exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón también se sumó a las críticas contra la iniciativa.
Garzón aseguró que hablar de una constituyente en el actual contexto político podría convertirse en un “carretazo” orientado a la campaña electoral de cara a los próximos comicios.
Según el dirigente político, el país enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, economía y gobernabilidad, por lo que considera que abrir el debate constitucional podría generar más incertidumbre política.
El debate sobre la Constitución de 1991
El debate sobre una posible constituyente también revive la discusión sobre la vigencia y los alcances de la Constitución Política de Colombia de 1991, considerada uno de los hitos institucionales más importantes del país.
La carta política surgió tras un amplio proceso participativo que buscó modernizar el Estado colombiano, ampliar derechos fundamentales y fortalecer la democracia después de décadas de violencia política.
A 35 años de su promulgación, analistas destacan que la Constitución ha permitido avances significativos en materia de derechos humanos, descentralización y control constitucional, aunque también reconocen que el país enfrenta nuevos retos institucionales.
La postura del Gobierno
Desde sectores cercanos al presidente Gustavo Petro se ha defendido la posibilidad de convocar una constituyente como un mecanismo democrático para realizar transformaciones profundas en el Estado.
El mandatario ha sugerido que este tipo de proceso podría permitir discutir reformas estructurales en temas como el sistema político, la justicia y el modelo económico.
Sin embargo, el anuncio ha generado un amplio debate político y jurídico, especialmente sobre si existen las condiciones políticas y sociales para abrir un nuevo proceso constituyente en Colombia.
Un debate que marcará la agenda política
Por ahora, la discusión sobre la constituyente sigue generando divisiones dentro del Congreso, los partidos políticos y la opinión pública.
Mientras algunos sectores consideran que el país necesita reformas profundas al sistema institucional, otros advierten que abrir la Constitución podría generar incertidumbre política y tensiones institucionales en un momento clave para la estabilidad democrática.
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