
El Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para anunciar oficialmente el aumento del salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026, a través de una alocución presidencial prevista para horas de la noche. La decisión se produce luego de que las mesas de concertación entre el Ejecutivo, los empresarios y las centrales obreras no lograran un acuerdo, lo que llevó al Gobierno a fijar de manera unilateral el incremento, tal como lo contempla la ley cuando fracasa el diálogo tripartito.
Desde la Casa de Nariño se ha anticipado que el ajuste será de dos dígitos, lo que refleja la intención del Ejecutivo de mantener una política de aumentos reales al ingreso de los trabajadores, en línea con su discurso de fortalecimiento del poder adquisitivo y reducción de la desigualdad. Sin embargo, la falta de consenso dejó en evidencia las profundas diferencias entre los sectores productivos y los sindicatos: mientras estos últimos insistían en un alza que compensara la pérdida de capacidad de compra y reconociera el crecimiento económico, los empresarios alertaron sobre los impactos que un incremento elevado podría tener en los costos laborales, el empleo formal y la inflación.
El anuncio del salario mínimo para 2026 se da en un contexto económico complejo, marcado por la desaceleración, las presiones inflacionarias aún latentes y un ambiente político cada vez más cargado de tensiones, a las puertas de un año electoral. Para el Gobierno, la decisión no solo tiene implicaciones económicas, sino también un fuerte componente social y político, pues el salario mínimo incide directamente en millones de trabajadores y sirve como referencia para otros pagos, tarifas y contratos en la economía.
Se espera que en su intervención el presidente Petro explique los criterios utilizados para definir el aumento, como la inflación, la productividad y la meta de dignificar el trabajo, así como los argumentos que llevaron al Ejecutivo a tomar la decisión sin el respaldo de un acuerdo tripartito. El anuncio será clave para medir la reacción de los distintos sectores y el impacto que esta determinación tendrá en el debate económico y político del país en el inicio de 2026.

