Colombia elevó una alerta formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al considerar que la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro constituye una posible violación al derecho internacional y a los principios que rigen las relaciones entre Estados. La delegación colombiana subrayó que cualquier acción contra un jefe de Estado debe ceñirse estrictamente a los marcos legales multilaterales, al debido proceso y a los mecanismos reconocidos por la comunidad internacional, con el fin de evitar precedentes que erosionen la estabilidad global.
Durante su intervención, el Gobierno colombiano insistió en que el respeto a la soberanía, la jurisdicción internacional y las garantías procesales no es un asunto ideológico, sino un pilar del orden mundial. En ese sentido, advirtió que actuaciones unilaterales o sin el respaldo de instancias competentes pueden agravar las tensiones regionales, profundizar la polarización política y desencadenar efectos colaterales en materia de seguridad, migración y derechos humanos, particularmente en países vecinos como Colombia.
Bogotá también hizo un llamado a preservar el papel de las Naciones Unidas como escenario central para la resolución de controversias internacionales. Recalcó que el Consejo de Seguridad debe evaluar con rigor jurídico y político las circunstancias de la detención, promoviendo salidas que privilegien el diálogo, la legalidad y la cooperación entre Estados. Para Colombia, la fortaleza del sistema internacional depende de que incluso en contextos de alta confrontación se respeten las reglas comunes y se evite la instrumentalización del derecho.
Finalmente, la posición colombiana reiteró su compromiso con una solución pacífica y negociada a la crisis venezolana, al tiempo que pidió a la comunidad internacional actuar con prudencia y responsabilidad. El país enfatizó que la defensa del derecho internacional no implica respaldar gobiernos o liderazgos específicos, sino proteger un marco normativo que garantiza la convivencia entre naciones y reduce el riesgo de escaladas que afecten a millones de personas en la región.
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