
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que niega rotundamente que su gobierno respalde un plan para la salida negociada de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, desmintiendo informaciones recientes difundidas por Bloomberg. La Cancillería afirma que dichos reportes no reflejan con exactitud las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, y recalca que Colombia «respeta el derecho internacional», no interviene en los asuntos internos de otros Estados y respeta la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.
En su nota aclaratoria, el Ministerio subraya que la relación entre Colombia y Venezuela se ha sustentado históricamente en el respeto mutuo, y advierte que las versiones difundidas recientemente están “descontextualizadas” en algunos medios de prensa. Según la Cancillería, la interpretación pública de las entrevistas de Villavicencio —especialmente una concedida a Bloomberg desde Madrid— ha sido mal manejada, lo que ha generado confusión sobre la posición real del gobierno colombiano.
Por su parte, desde Venezuela, representantes del chavismo también han negado las versiones que apuntan a una negociación para que Maduro abandone el poder. En particular, Diosdado Cabello, dirigente influyente del régimen, recalcó que no existe riesgo de un cambio político inmediato ni conversaciones oficiales con Colombia sobre una eventual transición.
La polémica se desató tras una entrevista de Villavicencio con Bloomberg, en la que la canciller se refirió a la posibilidad de una transición pacífica: sugirió que Maduro podría aceptar renunciar si se le ofrecen garantías de seguridad, evitando así la cárcel, y permitió que un gobierno interino organice nuevas elecciones. Sin embargo, en su aclaración pública, la Cancillería insiste en que esas observaciones no constituyen un respaldo explícito a un plan de cambio de poder promovido por Colombia.
En síntesis, Bogotá rechaza cualquier acusación de intervención extranjera en Venezuela y reafirma su compromiso con la soberanía de sus vecinos. La controversia revela, además, la delicada línea diplomática que Colombia intenta mantener frente al régimen de Maduro, combinando la defensa de procesos democráticos con un discurso de no intromisión.

