La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, deberá continuar privada de la libertad en el marco del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Así lo determinó un juez de control de garantías al resolver las solicitudes elevadas por la defensa de la exfuncionaria, que buscaba acceder a información considerada clave dentro de la investigación.
La decisión judicial
De acuerdo con lo informado por medios nacionales, el despacho judicial resolvió que Sandra Ortiz debe permanecer en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación en la UNGRD.
La Fiscalía le atribuye participación en presuntas irregularidades que hacen parte del entramado investigado por el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y gestión del riesgo.
El juez consideró que se mantienen los requisitos legales para la medida de aseguramiento intramural, entre ellos la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de garantizar la comparecencia al proceso.
Defensa pidió información crediticia de exsenador
En el marco de la audiencia, la defensa de Ortiz solicitó acceso al historial crediticio de un exsenador presuntamente vinculado al caso, argumentando que dicha información sería relevante para su estrategia jurídica.
Sin embargo, el juez negó la solicitud al considerar que no guardaba relación directa y pertinente con el objeto del proceso penal en esta etapa. La decisión fue sustentada en criterios de legalidad, pertinencia y protección de datos personales.
Según lo reportado, el despacho judicial concluyó que la información solicitada no resultaba necesaria para resolver la situación jurídica de la exconsejera.
Contexto del escándalo UNGRD
El caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, tras revelarse presuntas irregularidades en contratos destinados a la compra de carrotanques y otros suministros para atender emergencias en regiones vulnerables del país.
Las investigaciones han salpicado a exfuncionarios y congresistas, y continúan en etapa judicial.
En el caso de Sandra Ortiz, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en gestiones relacionadas con la asignación de recursos y direccionamiento de contratos, señalamientos que su defensa ha rechazado.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la decisión de mantener la medida de aseguramiento:
- La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas.
- La defensa podrá presentar recursos y nuevas solicitudes probatorias.
- El caso avanzará hacia la etapa de acusación si el ente investigador considera que existen méritos suficientes.
Hasta el momento no existe condena en contra de la exconsejera. El proceso se encuentra en curso.
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