La representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció públicamente presuntas irregularidades en la financiación de la campaña política de Carolina Corcho durante 2025.
Según la congresista, existen inconsistencias en los reportes de donaciones que fueron registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluyendo aportes que estarían vinculados a empresas que no tendrían existencia física verificable.
Restaurante que no existiría y millonaria donación
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el aporte de casi 750 millones de pesos que habría sido reportado por un restaurante como financiación de la campaña de Corcho.
De acuerdo con la información divulgada por Juvinao y replicada por medios nacionales, al intentar verificar la existencia del establecimiento comercial en la dirección registrada, no se habría encontrado funcionamiento real del negocio.
La representante aseguró que este hecho podría configurar una posible irregularidad en la trazabilidad de los recursos de campaña, lo que abriría interrogantes sobre el origen del dinero reportado.
Señalamientos sobre asesor y presuntas donaciones por Nequi
Además, Juvinao denunció que un asesor de campaña habría solicitado donaciones a través de la plataforma digital Nequi, presuntamente utilizando una empresa que sería “fantasma”.
Según la congresista, estos hechos deben ser revisados por las autoridades electorales y de control, pues podrían vulnerar las normas de financiación establecidas en Colombia.
En el país, las campañas políticas deben reportar todos los ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral, incluyendo donaciones privadas, créditos y aportes en especie. La ley exige que los recursos sean plenamente identificables y que su origen sea lícito y verificable.
Respuesta y contexto
Hasta el momento de las publicaciones periodísticas, no existía un pronunciamiento judicial que determinara responsabilidad alguna. Tampoco se había confirmado una apertura formal de investigación por parte del CNE o de la Fiscalía General de la Nación.
Las denuncias se dan en un contexto de creciente escrutinio sobre la financiación de campañas políticas en Colombia, especialmente tras varios escándalos en años recientes que han involucrado presuntas irregularidades en reportes contables y aportes privados.
Expertos en derecho electoral han señalado que, en caso de comprobarse inconsistencias, podrían derivarse sanciones administrativas, multas o incluso investigaciones penales si se demuestra ocultamiento de información o falsedad en documento.
¿Qué podría pasar ahora?
El Consejo Nacional Electoral tendría la competencia para:
- Verificar la existencia legal de los donantes reportados.
- Auditar los movimientos financieros declarados.
- Solicitar documentación adicional a la campaña.
Si se evidencian posibles delitos, el caso podría trasladarse a la Fiscalía.
Por ahora, las denuncias permanecen en etapa pública y mediática, sin decisión judicial definitiva.
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