Tras la fuerte reacción de la Defensoría del Pueblo por la muerte de seis menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra disidencias de las Farc en zona rural del Guaviare, el presidente Gustavo Petro salió al paso de los cuestionamientos y defendió públicamente la legitimidad de la operación. La Defensoría había emitido un comunicado señalando su rechazo al fallecimiento de los menores y pidió revisar a fondo los protocolos de acción para evitar que la población civil —especialmente niños, niñas y adolescentes— quede expuesta en escenarios de confrontación armada.
Petro, a través de su cuenta en X, respondió con un mensaje contundente: afirmó que recuperar el control estatal de territorios dominados por estructuras armadas implica riesgos inevitables y advirtió que, aunque es sencillo “teñir de rojo los mapas”, lo complejo es comprender las dificultades operativas y estratégicas que enfrenta la Fuerza Pública. El mandatario insistió en que la presencia de las disidencias en áreas con población vulnerable convierte las operaciones militares en desafíos de alta sensibilidad, pero sostuvo que su gobierno no renunciará a la obligación constitucional de combatir a los grupos armados y proteger a las comunidades de su influencia.
El intercambio entre la Defensoría y la Casa de Nariño reavivó el debate sobre los límites de la fuerza legítima del Estado, el respeto al DIH y la necesidad de reforzar las capacidades de verificación de inteligencia para prevenir tragedias similares. Mientras algunos sectores opositores exigieron explicaciones más detalladas sobre la operación, desde el Ejecutivo se mantuvo la postura de que la acción militar fue necesaria para avanzar en la recuperación territorial frente a las disidencias.
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