A partir del 1 de septiembre de 2025, la expedición de pasaportes en Colombia sufrirá un cambio importante debido a un nuevo convenio suscrito con el gobierno de Portugal. Este acuerdo implica que la Imprenta Nacional de Colombia asumirá la producción de las libretas de pasaportes, una tarea que anteriormente era tercerizada. El convenio busca garantizar mayor soberanía, seguridad en el proceso y reducción de costos, pero ha despertado dudas sobre la capacidad técnica y operativa de la Imprenta Nacional para enfrentar esta nueva responsabilidad.
El gobierno colombiano asegura que el convenio con Portugal incluye transferencia tecnológica y asistencia para que la Imprenta Nacional pueda cumplir con los estándares internacionales de seguridad exigidos en la producción de documentos de viaje. Sin embargo, persiste la preocupación de expertos y sectores políticos respecto a la implementación efectiva del cambio, especialmente en lo relacionado con los tiempos de entrega y la calidad de los pasaportes.
Actualmente, la producción de los pasaportes es un proceso altamente tecnificado que requiere insumos especiales, sistemas antifalsificación y experiencia en manejo de datos sensibles. Las inquietudes se centran en si la Imprenta Nacional tendrá la capacidad logística para atender la demanda nacional e internacional, y evitar demoras que puedan afectar a miles de ciudadanos.
Adicionalmente, la noticia se enmarca en un contexto de tensiones políticas por la salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad y liderazgo del proyecto. Aunque Rosa Villavicencio, vicecanciller, asumió temporalmente el cargo, los críticos advierten que este proceso debería tener un mayor control técnico y menos improvisación política.
El convenio con Portugal forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno Petro para fortalecer la soberanía tecnológica y reducir la dependencia de proveedores externos, pero su implementación será una prueba de fuego para la capacidad del Estado colombiano de asumir funciones tradicionalmente delegadas.
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