Las últimas sesiones del Congreso en 2025 se desarrollan en un ambiente de cierre anticipado del periodo legislativo y de creciente tensión política, marcado por el hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para un sector amplio de congresistas, este revés no solo significó la derrota del proyecto más ambicioso del Ejecutivo en materia fiscal, sino también el punto de quiebre que dejó sin oxígeno la agenda legislativa del año.
En el Capitolio se impone la percepción de que la dinámica parlamentaria quedó atrapada por el calendario electoral de 2026. A medida que los partidos y sus principales figuras concentran esfuerzos en la conformación de alianzas, consultas y listas, el interés por sacar adelante proyectos de alto impacto se ha debilitado. Este escenario genera preocupación, pues varias iniciativas consideradas estratégicas podrían naufragar por falta de consensos, ausentismo o simples dilaciones en el trámite.
Entre los proyectos que aún están en juego se encuentran propuestas relacionadas con ajustes al sistema de salud, iniciativas en materia de seguridad y justicia, y normas orientadas a fortalecer la gestión pública y el control institucional. Sin embargo, legisladores de distintas bancadas advierten que el margen de maniobra es reducido y que la confrontación política, sumada a la desconfianza entre el Gobierno y el Congreso, dificulta la construcción de mayorías estables.
Desde el Ejecutivo, aunque se insiste en la importancia de avanzar en los proyectos pendientes, también se reconoce que el ambiente preelectoral condiciona las decisiones del Legislativo. En ese contexto, las últimas sesiones de 2025 se perfilan más como un espacio para cerrar debates inconclusos y fijar posiciones políticas que como una oportunidad real para aprobar reformas de fondo.
Así, el Congreso se encamina al cierre del año con un balance legislativo limitado y con la sensación de que la campaña ya se tomó el debate parlamentario. El desenlace de los proyectos en discusión dependerá, en buena medida, de la voluntad política de los partidos y de su disposición a legislar en medio de un escenario dominado por la competencia electoral y la incertidumbre sobre el rumbo del país en 2026.
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