La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre posibles riesgos fiscales y operativos asociados al contrato para la emisión de pasaportes en Colombia, que, según el organismo de control, podría afectar negativamente el patrimonio público si no se corrigen deficiencias en su estructuración.
Según la entidad, el concepto de advertencia se basa en el análisis documental de los contratos vigentes bajo el esquema actual de producción de pasaportes y aquellos previstos en el nuevo modelo que se planea implementar. Esta implementación se enmarca en el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal (INCM).
Entre los principales aspectos señalados por la Contraloría se encuentran:
- Ausencia de proyección de costos: no existe una estimación clara de los compromisos financieros anuales ni de la suficiencia de los recursos necesarios para financiar el nuevo modelo.
- Indefinición de pagos: el convenio no establece los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de los documentos, pese a que existen herramientas técnicas para proyectarlos.
- Cambio en condiciones de producción: el esquema de producción pasa de uno ajustado a la demanda hacia cantidades mínimas anuales, sin tomar en cuenta la dinámica real del servicio.
- Falta de garantías de suministro: no existe certeza de disponibilidad de pasaportes adicionales a los mínimos pactados, ya que dependerán de la capacidad de la imprenta portuguesa.
- Riesgo cambiario y costos adicionales: el Estado colombiano asumiría riesgos cambiarios por pagos valorados en euros, y el convenio contempla cobros de intereses y exclusión de impuestos que antes no se aplicaban.
La Contraloría también advirtió la necesidad de corregir debilidades en la planeación financiera y el riesgo de incumplimiento de plazos, lo que podría generar sanciones económicas y poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes si no se adoptan medidas correctivas.
Frente a estos hallazgos, el órgano de control instó tanto al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores como a la Imprenta Nacional de Colombia a evaluar la adopción de acciones que mitiguen los riesgos identificados y garanticen la protección de los recursos públicos.
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