Este miércoles, la Registraduría Nacional del Estado Civil está lista para adjudicar uno de los contratos más importantes y costosos del calendario electoral colombiano: el contrato para el manejo logístico y tecnológico de los próximos comicios, con un valor estimado de 2,1 billones de pesos. Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de controversias, señalamientos y críticas, incluso por parte del presidente Gustavo Petro.
La única propuesta formal que llegó para quedarse con este millonario contrato proviene de una unión temporal en la que participa la empresa Thomas Greg & Sons, una firma tradicionalmente ligada a los procesos electorales en Colombia. Su participación ha generado suspicacias debido a su historial de contratos repetidos con la Registraduría y los cuestionamientos sobre la falta de competencia real en estos procesos licitatorios.
Durante la etapa de observaciones al proceso licitatorio, se presentaron más de 250 inquietudes, muchas de ellas relacionadas con los requisitos establecidos en los pliegos y con presuntos sesgos que habrían favorecido de manera anticipada a la firma interesada. A pesar de estos cuestionamientos, no se presentaron más propuestas, lo que deja a la unión temporal con vía libre para hacerse con el contrato, a falta de una decisión oficial por parte de la entidad.
El presidente Petro no ha sido ajeno a esta situación. En sus intervenciones ha expresado dudas sobre la transparencia del proceso y ha pedido vigilancia especial por parte de los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría. Petro ha enfatizado que la logística electoral no puede quedar en manos de quienes no garanticen imparcialidad ni eficiencia, sobre todo en un contexto político polarizado.
La adjudicación, por su envergadura económica y su impacto en el desarrollo de los comicios, será clave no solo para el funcionamiento electoral, sino también para la confianza pública en las instituciones. Críticos del proceso advierten sobre los riesgos de monopolizar servicios electorales tan delicados en una sola empresa y exigen mayor pluralidad, transparencia y control ciudadano en la contratación estatal de este tipo.
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