
La administración del presidente Donald Trump decidió descertificar de manera condicionada a Colombia en la lucha antidrogas, argumentando que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con los compromisos mínimos en tres aspectos fundamentales. Esta medida, que tiene implicaciones políticas y diplomáticas de gran peso, refleja la inconformidad de Washington frente a los resultados presentados en los últimos años.
En primer lugar, Estados Unidos señaló que el país no logró una reducción efectiva en las áreas de cultivo de coca, que se mantienen en niveles históricamente altos. Aunque Bogotá ha defendido un enfoque de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, la administración Trump considera que las cifras no corresponden a una política contundente de erradicación.
La segunda razón corresponde a la falta de resultados en la interdicción de cocaína, pues el flujo de cargamentos hacia Norteamérica sigue siendo elevado. Según las autoridades estadounidenses, los mecanismos de control en puertos, aeropuertos y corredores fluviales presentan vacíos que favorecen el tráfico internacional de droga.
En tercer lugar, Washington cuestionó el ritmo de las extradiciones de capos del narcotráfico hacia territorio estadounidense, al considerar que el número de entregas no se ajusta a los compromisos bilaterales ni envía un mensaje claro de cooperación judicial. Para la Casa Blanca, este rezago debilita la capacidad de desarticular las redes criminales que tienen alcance transnacional.
Si bien la descertificación es un llamado de atención, también se presentó de forma “condicionada”, lo que significa que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de revertir la decisión en la medida en que Colombia muestre resultados más concretos. El mensaje, sin embargo, incrementa la presión sobre la administración Petro, que insiste en un enfoque más amplio y estructural frente al narcotráfico, pero que ahora deberá demostrar avances medibles en corto plazo para evitar un deterioro mayor en las relaciones bilaterales.

