El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) confirmó la suscripción de un contrato con Ingrid Carolina Plata Navas, cercana a la primera dama Verónica Alcocer, y aseguró que su vinculación responde a una “necesidad institucional” relacionada con la organización de eventos presidenciales.
La confirmación se da tras la publicación de informes periodísticos que detallan que Plata ha suscrito contratos con el Gobierno que, en conjunto, sumarían aproximadamente 719 millones de pesos.
¿Cuál es el contrato y qué funciones cumple?
De acuerdo con la explicación oficial del Dapre, el contrato tiene como objeto apoyar la logística y coordinación de eventos institucionales vinculados a la Presidencia de la República.
La entidad sostuvo que la contratación se ajusta a la normatividad vigente y que el servicio contratado es necesario para garantizar la adecuada ejecución de actos oficiales.
Desde la Presidencia se enfatizó que no se trata de un cargo diplomático ni de una designación política, sino de una vinculación contractual para labores específicas.
La cercanía con la primera dama
Diversos reportes han señalado que Ingrid Carolina Plata es amiga cercana de Verónica Alcocer y que ha tenido participación en actividades relacionadas con el entorno presidencial.
El vínculo personal ha generado cuestionamientos en sectores políticos y en la opinión pública sobre posibles conflictos de interés o favorecimientos.
Sin embargo, el Dapre reiteró que la contratación no obedece a relaciones personales, sino a criterios técnicos y necesidades administrativas.
Los contratos y el debate público
Las investigaciones periodísticas también han indicado que, además del contrato actual, Plata habría tenido otros vínculos contractuales con el Gobierno durante la administración del presidente Gustavo Petro.
El monto acumulado de estos contratos ha sido uno de los puntos centrales del debate, así como la transparencia en los procesos de selección y adjudicación.
Desde sectores críticos se ha pedido mayor claridad sobre los criterios de contratación y la experiencia profesional que respalda dichas funciones.
Respuesta oficial
El Dapre defendió la legalidad del contrato y sostuvo que todas las actuaciones se encuentran dentro del marco normativo. Además, insistió en que la organización de eventos presidenciales es una tarea permanente que requiere apoyo técnico especializado.
Hasta el momento, no se ha anunciado apertura de investigaciones disciplinarias o fiscales relacionadas con este contrato específico.
Un nuevo foco de debate político
El caso se suma a otras controversias sobre contratación estatal en el Gobierno nacional y vuelve a poner en discusión los estándares de transparencia y meritocracia en la vinculación de contratistas en la Casa de Nariño.
Mientras la Presidencia insiste en que se trata de una contratación legal y necesaria, la oposición y sectores independientes piden mayor detalle sobre los procesos y criterios utilizados.
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