El debate sobre el presupuesto general de la Nación para 2026 sigue generando fricciones entre el Congreso y el Gobierno. En las últimas horas, varios legisladores, en especial desde la oposición, han advertido que el plan de gastos presentado por el Ejecutivo estaría desfinanciado, lo que anticipa dificultades para su aprobación. La polémica se agudizó luego de que se pospusiera la reunión clave entre los ponentes de la ley y el Ministerio de Hacienda, un encuentro en el que se esperaba ajustar detalles técnicos y aclarar fuentes de financiación.
Los críticos sostienen que el Gobierno está proyectando un presupuesto superior a la capacidad real de recaudo, lo que terminaría obligando a presentar una nueva ley de financiamiento para cubrir el faltante. Esta posibilidad despierta inquietud porque reabriría el debate sobre nuevos impuestos o modificaciones tributarias, en un escenario económico marcado por bajo crecimiento y presiones fiscales.
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido el proyecto asegurando que la prioridad es mantener los programas sociales y la inversión pública, incluso en medio de restricciones presupuestales. No obstante, desde las comisiones económicas del Congreso se insiste en que no es sostenible aprobar un gasto sin certezas claras de cómo se cubrirá el déficit.
El ambiente político que rodea esta discusión evidencia tensiones crecientes entre el Legislativo y el Gobierno, en un año decisivo para la agenda social del presidente Gustavo Petro. El desenlace de este debate será clave no solo para la estabilidad fiscal, sino también para definir el margen de maniobra del Ejecutivo en la recta final de su mandato.
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