Una fuerte controversia política se desató en el municipio de Aguachica, Cesar, luego de denuncias sobre un presunto esquema de “agua por votos” que involucraría a dirigentes políticos de la región.
El presidente Gustavo Petro pidió públicamente que sean arrestadas las personas que estén cometiendo delitos electorales relacionados con el uso de carrotanques y suministro de agua en medio de campañas políticas.
Las denuncias mencionan al representante a la Cámara Ape Cuello, quien habría gestionado obras y apoyos en la zona en un contexto de búsqueda de respaldo político.
¿Qué se denuncia?
Medios de comunicación, revelaron que en Aguachica se estaría utilizando el suministro de agua potable a través de carrotanques como mecanismo de presión o incentivo electoral.
Según los reportes, en sectores con dificultades de acceso al agua, la llegada de carrotanques coincidiría con actividades políticas, lo que ha despertado sospechas sobre un posible condicionamiento del servicio a cambio de apoyo en urnas.
El caso se da en un municipio que históricamente ha enfrentado problemas de abastecimiento de agua potable, lo que convierte el servicio en un recurso de alta sensibilidad social.
La reacción del presidente Petro
El mandatario fue enfático al señalar que el intercambio de bienes o servicios básicos por votos constituye un delito electoral.
En declaraciones, Petro afirmó que este tipo de prácticas deben ser investigadas de inmediato y que la Fiscalía debe actuar con contundencia.
“El que esté cambiando agua por votos debe ser arrestado”, sostuvo el presidente, marcando una postura de tolerancia cero frente a eventuales delitos electorales.
Gestión de obras y contexto político
Paralelamente, se conoció que el representante Ape Cuello gestionó una obra deportiva en Aguachica, lo que también ha sido objeto de debate político.
Si bien la gestión de proyectos de infraestructura forma parte de la labor parlamentaria, sectores críticos cuestionan la coincidencia entre la ejecución de obras, el suministro de agua y la actividad proselitista.
Por su parte, el señalado han rechazado las acusaciones y sostienen que se trata de gestiones legítimas en beneficio de la comunidad y no de un esquema de compra de votos.
¿Qué dice la ley?
En Colombia, ofrecer dádivas, bienes o servicios a cambio de apoyo electoral puede configurar delitos como:
- Corrupción al sufragante.
- Constreñimiento al elector.
- Intervención indebida en política.
Las autoridades electorales y la Fiscalía General de la Nación deberán determinar si existen pruebas suficientes para abrir investigaciones formales.
Un caso que impacta el ambiente preelectoral
El escándalo ocurre en medio del clima preelectoral rumbo a 2026, cuando aumentan las alertas sobre posibles irregularidades en distintas regiones del país.
Organizaciones de observación electoral han reiterado que el uso de recursos públicos con fines políticos es una de las prácticas más sensibles en épocas de campaña.
Por ahora, el caso de Aguachica continúa bajo el escrutinio público mientras se esperan pronunciamientos oficiales y eventuales actuaciones judiciales.
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