El presidente Gustavo Petro firmó oficialmente el decreto que ordena la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una decisión que marca un hito en la historia reciente del país y revive uno de los capítulos más oscuros del aparato estatal colombiano. La medida da cumplimiento a un anuncio que el mandatario había hecho desde octubre de 2025 y que cobró mayor fuerza tras la divulgación de imágenes que evidenciaron el deterioro físico y el abandono en el que se encontraban miles de documentos acumulados por esa entidad antes de su liquidación en 2011.
El DAS, disuelto luego de múltiples escándalos por seguimientos ilegales, interceptaciones, persecución a opositores políticos, periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos, dejó tras de sí un voluminoso archivo considerado clave para esclarecer responsabilidades y patrones de abuso de poder. Durante años, esos documentos permanecieron bajo reserva, alimentando críticas sobre la falta de voluntad institucional para enfrentar la verdad completa sobre el espionaje estatal.
Con la firma del decreto, el Gobierno habilita un proceso de apertura progresiva de los archivos, bajo criterios técnicos, legales y de protección de derechos fundamentales. Según lo establecido, la desclasificación no será indiscriminada: se aplicarán filtros para proteger datos sensibles, la seguridad nacional vigente y la información personal de terceros, pero se priorizará el acceso a documentos relacionados con violaciones de derechos humanos y prácticas sistemáticas de persecución política.
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que esta decisión no busca revanchas ni persecuciones judiciales automáticas, sino contribuir al esclarecimiento histórico, la memoria colectiva y la reparación simbólica de las víctimas. Para el presidente Petro, quien fue uno de los blancos de las interceptaciones ilegales cuando era senador, la apertura de estos archivos representa un acto de transparencia y una señal de ruptura con prácticas del pasado que socavaron la democracia.
Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han recibido el anuncio como un avance significativo, aunque advierten que el verdadero impacto dependerá de la implementación efectiva del decreto, la conservación adecuada de los documentos y la garantía de acceso real para investigadores, víctimas y autoridades judiciales. También han señalado la necesidad de que este proceso esté acompañado de una política sólida de archivo y memoria histórica.
Con este decreto, el Gobierno Petro busca cerrar un ciclo de opacidad y abrir otro centrado en la verdad y la rendición de cuentas. La desclasificación de los archivos del DAS no solo reabre heridas del pasado, sino que plantea un desafío mayor: convertir la memoria en una herramienta de no repetición y fortalecer la confianza ciudadana en el Estado y sus instituciones.
En el plano político, la decisión ha reactivado debates sobre la responsabilidad de antiguos gobiernos, el alcance del control civil sobre los organismos de inteligencia y los límites entre seguridad y derechos fundamentales. Mientras algunos sectores celebran la medida como un acto de valentía institucional, otros expresan preocupación por posibles usos políticos de la información contenida en los archivos.
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