El reciente llamado a una asamblea constituyente volvió a agitar el debate político en Colombia tras la radicación, este viernes, del comité impulsor que busca promoverla mediante la recolección de firmas. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha generado una oleada de reacciones tanto a favor como en contra, en especial por el momento político en el que se plantea: a las puertas de un año electoral clave para el Congreso y la Presidencia.
La controversia no solo es política, sino también jurídica. La propia Constitución de 1991 establece de manera explícita los mecanismos para convocar una asamblea constituyente, y deja claro que no se trata de un proceso automático ni discrecional del Ejecutivo. Según la Carta Política, la convocatoria debe estar precedida por una ley aprobada por el Congreso, en la que se definan aspectos fundamentales como la composición de la asamblea, su período de funcionamiento y los temas específicos que podrá reformar. Posteriormente, dicha convocatoria debe ser sometida a la aprobación del pueblo mediante un referendo.
En ese sentido, distintos juristas y sectores políticos han advertido que la recolección de firmas, aunque válida como expresión de iniciativa ciudadana, no reemplaza los pasos institucionales exigidos por la Constitución. El comité impulsor puede servir para activar el debate público y presionar políticamente al Congreso, pero no tiene la facultad de convocar por sí mismo una constituyente ni de modificar el orden constitucional vigente.
Las críticas también se centran en el riesgo de que el proceso incremente la polarización política y genere incertidumbre institucional, especialmente en un contexto electoral. Algunos analistas consideran que abrir la discusión sobre una nueva Constitución en este momento puede afectar la estabilidad democrática y distraer la atención de los debates urgentes en materia social, económica y de seguridad. Otros, en cambio, defienden la iniciativa como una herramienta legítima para tramitar reformas estructurales que, según el Gobierno, no han encontrado eco en el Congreso.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha insistido en que se trata de un ejercicio democrático amparado por la Constitución y ha reiterado que será el pueblo quien, en última instancia, decida si quiere o no avanzar hacia una asamblea constituyente. El pulso apenas comienza y promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate político nacional en los próximos meses, con el Congreso, las cortes y la ciudadanía llamados a jugar un papel determinante.
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