El debate político en Colombia sobre la designación del denominado Cartel de los Solescomo organización criminal ha vuelto a tomar fuerza en las últimas horas, tras un giro significativo en el juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos. La controversia se ha traducido en tensiones visibles entre sectores de la oposición colombiana, que apoyan la declaración y llaman a mantener una postura firme, y el oficialismo encabezado por el presidente Gustavo Petro, que ha cuestionado la existencia misma de esa organización y el uso del término como argumento jurídico y político.
El punto de partida de la polémica fue una reciente modificación en los escritos de acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Maduro, en el marco de su proceso penal en ese país. En esa revisión, la fiscalía norteamericana habría ajustado su lenguaje técnico al admitir implícitamente que el Cartel de los Soles no opera como una organización criminal formal con estructura y jerarquía claras, sino que el término es más bien un rótulo descriptivo que se usa coloquialmente para hablar de redes de corrupción y narcotráfico vinculadas a altos funcionarios venezolanos. Esto ha obligado a replantear parte de la argumentación legal original usada en el caso.
En Colombia, este nuevo escenario ha reavivado un intenso debate político. Sectores de la oposición, particularmente congresistas como Carlos Fernando Motoa e Isabel Zuleta, han insistido en que el Cartel de los Soles representa una amenaza real para la seguridad regional y se han pronunciado a favor de que el Congreso mantenga o incluso refuerce la declaración de esta red como organización criminal y transnacional, incluyendo su vinculación con delitos como narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Por el contrario, el presidente Gustavo Petro y sectores del oficialismo han puesto en duda la existencia de un cartel con esas características, argumentando que no existen evidencias judiciales claras que respalden la existencia de tal estructura y calificando el uso político de esa etiqueta como parte de una narrativa impulsada desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos, con fines geopolíticos. Petro ha afirmado de manera repetida que “no hay evidencia alguna” de que el Cartel de los Soles exista como organización narcotraficante, y ha sugerido que la acusación contra Maduro sirve a propósitos políticos y económicos más amplios, incluyendo el control de recursos estratégicos como el petróleo venezolano.
Este choque de posiciones también ha tenido eco internacional, ya que figuras y legisladores de Estados Unidos han reaccionado a las declaraciones de Petro, sugiriendo incluso que posturas favorables a Maduro o que nieguen la existencia de estas redes criminales podrían tener implicaciones diplomáticas o legales más amplias — incluso en Washington.
En las últimas semanas del año pasado, el Senado colombiano había aprobado en septiembre de 2025 una resolución para declarar políticamente al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista, respaldando acciones similares en otros países y sumándose a una tendencia internacional de sanciones contra redes vinculadas con el régimen venezolano. Este contexto parlamentario contrasta con la postura del Ejecutivo actual, intensificando el debate político nacional y las disputas entre poderes del Estado sobre cómo debe interpretarse y aplicarse esta figura en la política exterior y de seguridad de Colombia.
En síntesis, el tema del Cartel de los Soles ha trascendido de una etiqueta legal o mediática para convertirse en un elemento central de confrontación política, que articula discursos sobre soberanía, lucha contra el narcotráfico, relaciones internacionales y la forma en que los gobiernos latinoamericanos deben posicionarse frente a las acusaciones y acciones judiciales de potencias extranjeras.
About The Author
