El 27 de septiembre de 2025, Aurelio Suárez Montoya publica en Semana la columna titulada “En Huila, el vergonzoso festín de precios exorbitantes de tierras”. En ella denuncia una serie de adquisiciones de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento del Huila, que, según él, están plagadas de irregularidades — precios inflados, compras en zonas protegidas, falta de rigor técnico y beneficios para personas vinculadas políticamente.
*Principales denuncias de Suárez Montoya*
1. Precios exorbitantes
Varios predios fueron adquiridos por la ANT a precios muy superiores al valor real o comercial plausible. Por ejemplo:
El predio Paraíso, de 220 hectáreas, fue comprado por $5.253 millones (aproximadamente $23,79 millones por hectárea).
Otro predio llamado Mañanitas fue adquirido en condiciones poco justificables: de 54,04 hectáreas por más de mil millones de pesos, con un valor por hectárea de $18,63 millones.
En Baraya, la hacienda Santa Helena, de 666 hectáreas, se valoró previamente en unos $350 millones, pero terminó vendiéndose al Estado por más de $5.550 millones.
En varios casos, afirma el columnista, los incrementos fueron de 10 a 15 veces más que el valor original o el valor que correspondería por vocación productiva o condiciones físicas del terreno.
2. Compra en zonas con restricciones ambientales o uso inapropiado
Algunos predios están superpuestos con áreas de conservación, parques regionales o ecosistemas donde no sería viable su uso agrícola sin fuertes condicionamientos ambientales. Por ejemplo, el predio Paraíso se solapa con el Parque Natural Regional Miraflores, lo que exige manejos ambientales especiales.
En otros casos, predios con alto porcentaje de bosque, sin concesión de agua o terrenos degradados han sido comprados con fines de asentamientos, sin que se justifique su valor ni se respeten criterios técnicos de idoneidad.
3. Vínculos políticos y “cuotas” dentro de la estructura institucional
Suárez Montoya sugiere que estas operaciones no serían meramente errores administrativos, sino que obedecen a compromisos políticos. Por ejemplo:
Señala que Armando Cuéllar, un empresario del transporte del sur del país, llegó a tener influencia sobre la ANT en la región, y que su familia política ocupa cargos en la entidad (por ejemplo, el director regional de la ANT para el Huila, Lester Garrido, estaría vinculado familiarmente).
Se menciona que la hija del empresario (Nika Cuéllar) fue gerenta de la Electrificadora del Huila y que el yerno ocupó cargos en la ANT local.
En la columna se sugiere que tales nombramientos corresponderían al pago de una “cuota política” por apoyos financieros a la campaña del presidente Petro.
4. Impacto y cuestionamientos institucionales
Suárez indica que hay al menos 3.500 hectáreas en Huila adquiridas por la ANT con motivo de sospecha o cuestionamientos.
Se reporta que estos casos fueron presentados ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, y que las entidades regionales (por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM) han expresado su preocupación.
Enfatiza que no solo hay gasto de recursos públicos, sino que existe un riesgo ambiental, una vulneración normativa y una carga ética institucional.
En suma, la columna sostiene que el proceso de adquisición de tierras para la reforma agraria en Huila está siendo usado como mecanismo de corrupción y favorecimiento, más que como una política de redistribución justa de tierras.
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