El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó con dureza luego de que la Procuraduría General de la Nación confirmara su sanción por participación indebida en política. El Ministerio Público ratificó una pena de seis meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos, argumentando que Quintero, durante su mandato como alcalde en 2022, emitió mensajes que favorecían al Pacto Histórico y a Gustavo Petro.
El origen del caso está en un video en redes sociales, donde Quintero, al volante de su vehículo, dice “el cambio en primera”, frase que la Procuraduría interpreta como un guiño electoral hacia la campaña de Petro. Además, el ente de control señaló que el entonces alcalde había solicitado verificar únicamente mesas electorales donde su partido no había recibido votos, lo que para la Procuraduría demuestra un sesgo partidista.
Ante la ratificación, Quintero anunció que va a apelar la decisión ante el Consejo de Estado. En su pronunciamiento público, calificó el fallo como “un fallo corrupto” y acusó a la Procuraduría de aplicar justicia de manera desigual.
Su crítica no solo se dirigió al organismo disciplinario, sino también al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien acusó de beneficiarse de un “doble rasero”. Quintero señaló que Gutiérrez tiene familiares activos en la política —como su hermana aspirando al Senado y su sobrino a la Cámara— y, según él, no ha sido sancionado por comportamientos similares.
Desde la Procuraduría, su argumento central es que, al usar su investidura pública para emitir mensajes con contenido político, Quintero quebrantó la neutralidad que debe mantener un funcionario en ejercicio. La sanción también incluyó una multa cercana a los 100 millones de pesos, según la resolución del ente disciplinario.
Quintero, por su parte, afirma que su verdadera queja no es la multa ni la suspensión en sí, sino “la desigualdad en la aplicación de la justicia” en Colombia. En su mensaje, indicó que, si pierde la apelación, aceptará la sanción, pero que su objetivo es evidenciar lo que él ve como trato diferenciado frente a otros actores políticos.
En síntesis, este episodio no solo revive tensiones entre Quintero y los órganos de control, sino también entre él y su sucesor al frente de la Alcaldía de Medellín. Además, pone de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la participación de los servidores públicos en política electoral y el alcance de sus expresiones, especialmente cuando estas pueden interpretarse como respaldo explícito a una candidatura.
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