Una denuncia penal que ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación el 27 de febrero de 2026 pide investigar el manejo de recursos en la Unidad de Licores del Meta, entidad encargada de administrar el monopolio rentístico del aguardiente en el departamento. El denunciante advierte posibles irregularidades en el tratamiento del impuesto al consumo de licor entre los años 2021 y 2023, situación que, de comprobarse, podría haber afectado ingresos públicos destinados principalmente al sector salud.
En la denuncia se solicita indagar la posible responsabilidad del exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga Cardona y de Diego Meyer Artunduaga, quien actualmente ocupa el cargo de contralor departamental y durante el periodo mencionado se desempeñaba como gerente de la Unidad de Licores del Meta. El escrito plantea que los hechos podrían configurar delitos como peculado por apropiación, evasión fiscal, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La denuncia señala que durante esos años se registró la entrega de miles de botellas de aguardiente bajo figuras como patrocinios, donaciones, degustaciones y actividades promocionales. Según lo expuesto, aunque estas unidades salieron del inventario oficial, el impuesto al consumo que debía generarse por cada una de ellas no habría sido liquidado ni transferido en todos los casos al departamento.
El impuesto al consumo de licores constituye una de las principales fuentes de financiación para programas públicos, especialmente en áreas como la salud. Por esta razón, el denunciante advierte que cualquier irregularidad en su recaudo o traslado podría tener efectos directos en los recursos que recibe el departamento.
La denuncia fue presentada por el representante a la Cámara por el Meta Jaime Rodríguez Contreras, quien solicitó a la Fiscalía adelantar las verificaciones necesarias para establecer si existieron omisiones o actuaciones indebidas en la gestión de estos recursos y determinar las eventuales responsabilidades penales o administrativas. Con la radicación del caso, ahora corresponderá al ente investigador analizar la información aportada y definir si hay mérito para abrir una investigación formal.
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