A tan solo 72 horas de que se conozca el fallo que definirá si va a juicio o no el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso que lo involucra en una presunta manipulación de testigos, el exmandatario emitió un contundente pronunciamiento en el que denunció una supuesta persecución política en su contra y señaló diversas irregularidades que, según él, han contaminado el proceso judicial.
Uribe reiteró que ha sido víctima de interceptaciones ilegales que afectaron su derecho a la defensa, y aseguró que algunos de los elementos probatorios en su contra fueron obtenidos sin las debidas garantías jurídicas. También acusó al presidente Gustavo Petro de haber presionado a la justicia, insinuando que el jefe de Estado ha influido directa o indirectamente en el curso del caso a través de sus declaraciones públicas y su cercanía con algunos sectores del sistema judicial.
Además, el exmandatario señaló que varios magistrados que han tenido a cargo decisiones clave en el proceso no han sido imparciales, al considerar que algunos tienen conflictos de interés o conexiones ideológicas con sectores adversos a su proyecto político. Para Uribe, estas circunstancias minan la legitimidad del proceso judicial y ponen en riesgo su derecho a un juicio justo.
El caso que enfrenta Uribe, y que ha estado en manos de la Fiscalía durante los últimos años, gira en torno a la acusación de que el expresidente habría intentado manipular el testimonio de exparamilitares detenidos para favorecer su imagen y desacreditar al senador Iván Cepeda. Aunque el proceso ha pasado por diferentes etapas y fiscales, el fallo que se avecina será determinante para establecer si se cierra el caso definitivamente o si el líder del Centro Democrático deberá enfrentarse a un juicio formal.
Las declaraciones de Uribe buscan no solo desacreditar el proceso judicial, sino también posicionar una narrativa política en la opinión pública, justo cuando la justicia está por pronunciarse. El ambiente se ha polarizado aún más entre quienes ven el caso como un acto de justicia ejemplar contra el poder político y quienes lo interpretan como un intento de judicializar al mayor símbolo de la derecha colombiana.
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