Bogotá, enero de 2026. Una nueva polémica política y administrativa se ha desatado en Colombia por denuncias sobre la multiplicación de contratos y cargos en entidades públicas en vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que comienza a regir el 31 de enero de 2026, reveló El Colombiano. La situación ha sido descrita por críticos como una “feria” de contratos y aumentos burocráticos que ocurrieron a pocos días de las restricciones que impone la ley electoral.
Según la investigación publicada por el medio, entre el 1 y el 26 de enero de 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó más de 6.000 contratos por un valor total superior a $609 mil millones, de los cuales nueve de cada diez fueron suscritos mediante contratación directa. La mayoría corresponden a contratación por prestación de servicios y se concentraron en entidades clave del Estado, como el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente.
Aumento de nómina y gasto público
La denuncia también apunta a un crecimiento generalizado de la nómina de empleados contratados por servicios desde que Petro asumió la Presidencia. Según datos de auditorías independientes citadas en la publicación, el valor de los contratos pasó de aproximadamente **$12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, un incremento que implicó $7,2 billones adicionales en apenas tres años. El experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el partido Nuevo Liberalismo, José David Castellanos, señaló que este incremento constituye una expansión significativa de la contratación discrecional, con impactos fiscales y administrativos.
La crítica sobre esta expansión llama aún más la atención porque se da precisamente en el tramo final antes de que se activen las restringidas reglas de la Ley de Garantías, que pretende limitar decisiones administrativas y contractuales que puedan influir en la contienda electoral. La ley restringe la contratación directa y ciertos nombramientos de personal para evitar que el uso de recursos públicos se convierta en una herramienta de influencia política.
Casos emblemáticos de contratos y cambios de personal
El reporte compiló ejemplos detallados de entidades donde se ha registrado un marcado crecimiento de cargos o contratos antes de la fecha límite:
- Ministerio del Trabajo: creó más de 1.141 plazas temporales cinco días antes de que se iniciara la Ley de Garantías, mediante un decreto ministerial sin un proceso competitivo claro, lo que fue interpretado por críticos como un esfuerzo por “aceitar la maquinaria electoral”.
- FonIgualdad (Fondo del Ministerio de la Igualdad): contratos por más de $70.500 millones con empresas de servicios temporales para vincular más de 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
- Cancillería: denuncias por despidos de más de cinco décadas de experiencia profesional, sin requisitos claros para los reemplazos.
- Colpensiones: creación de 800 nuevos cargos apenas dos días antes de la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías.
- Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud): un proyecto de rediseño institucional contempla pasar de 233 a 930 cargos, lo que triplicaría la planta de personal y aumentaría costos por más de $51.000 millones anuales.
- EPS Famisanar (salud): incrementos en la nómina bajo interventores designados por el Gobierno, con cientos de personas contratadas en 2025 con altos costos salariales.
Críticas políticas y fiscales
Las denuncias han motivado reacciones entre sectores de oposición y expertos en gestión pública, que argumentan que estas acciones pueden tener un impacto fiscal severo, incrementar la contratación discrecional y, en el contexto de un año electoral, podrían interpretarse como intentos de influir políticamente a través del uso de recursos públicos y creación de cargos.
Por su parte, desde el Gobierno se han defendido algunos de estos movimientos —especialmente los que, según las autoridades, se justifican por necesidades operativas del Estado—, aunque no hay versiones oficiales unificadas frente al número total de contratos ni su relación con la Ley de Garantías.
Contexto general
El fenómeno observado se encuadra en un patrón más amplio de denuncias por contratación masiva y posibles prácticas clientelistas en el sector público antes de periodos electorales. Análisis de contrataciones previas a la Ley de Garantías también han sido objeto de alerta por parte de la Contraloría General de la República, que identificó picos inusuales de compromiso de recursos en semanas previas a las restricciones legales, lo que ha generado preocupación sobre el uso eficiente y transparente de los recursos estatales.
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