Un bloque de 17 gobernadores de diferentes departamentos del país se alzó en contra del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que la medida vulnera la autonomía regional y la estabilidad fiscal de las entidades territoriales.
La controversia se profundizó durante una cumbre de mandatarios regionales en Bogotá, donde los gobernadores calificaron el decreto —que permite al Ejecutivo tomar decisiones de carácter fiscal y tributario extraordinarias— como una amenaza a las finanzas territoriales y al diseño constitucional del sistema tributario colombiano.
Estrategias de resistencia
Frente a lo que consideran un abuso de poder, los mandatarios anunciaron una ruta de acción múltiple que incluye:
- Acciones de tutela colectivas para argumentar que el decreto vulnera derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud de los habitantes de sus regiones.
- La no aplicabilidad de la norma, mediante mecanismos jurídicos como la “excepción de inconstitucionalidad”, con lo cual varios departamentos —liderados por Antioquia— evalúan ignorar el decreto, sobre todo en lo relativo a impuestos al consumo como licores y cigarrillos.
- Solicitar ante la Corte Constitucional ser escuchados formalmente para exponer por qué las medidas “asfixian” las finanzas regionales y atentan contra la autonomía fiscal.
Los gobernadores, entre ellos figuras de diversos espectros políticos, sostienen que el decreto no sólo afecta la autonomía regional, sino que también compromete recursos que tradicionalmente financian servicios esenciales como salud, educación y obras públicas.
Una disputa de competencias
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido una de las voces más firmes en rechazar la aplicación del decreto en su departamento. Rendón afirmó que la medida contiene una carga tributaria desproporcionada que, de aplicarse, podría generar pérdidas millonarias para las finanzas regionales y afectar proyectos sociales y de infraestructura.
El bloque de gobernadores también cuenta con apoyos inesperados, incluyendo a mandatarios tradicionalmente cercanos al proyecto del Gobierno, lo que evidencia la amplitud de las dudas y críticas sobre la constitucionalidad y el impacto fiscal del decreto.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido la urgencia de la medida como una herramienta necesaria para estabilizar las cuentas públicas y financiar compromisos derivados de la emergencia económica declarada al cierre de 2025, aunque este argumento ahora quedará sujeto al control automático de la Corte Constitucional y al pulso jurídico con las regiones.
La disputa marca un momento de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones territoriales, con posibles implicaciones políticas y económicas que podrían influir en la implementación de otras políticas públicas en 2026.
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