El presidente volvió a pronunciarse en defensa del decreto con el que el Gobierno fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, una de las decisiones económicas más ambiciosas de su administración y, a la vez, una de las más controvertidas. En su intervención, el mandatario sostuvo que el aumento no puede analizarse de manera aislada y reiteró que debe ir acompañado de un proceso de desindexación de la economía, al que calificó como un “complemento ideal” para evitar presiones inflacionarias y distorsiones en los precios.
Según el jefe de Estado, uno de los principales problemas estructurales del país es que múltiples tarifas, servicios, contratos y obligaciones están atados de forma automática al salario mínimo. Esta práctica, explicó, termina amplificando el impacto de los incrementos salariales y genera un efecto dominó que golpea el costo de vida, incluso anulando parte del beneficio real que reciben los trabajadores. Por ello, insistió en que la desindexación es una herramienta necesaria para que el aumento del mínimo se traduzca en una mejora efectiva del poder adquisitivo y no en un alza generalizada de precios.
El presidente también se refirió a las preocupaciones expresadas por pequeñas y medianas empresas, que advierten dificultades para asumir un incremento de esta magnitud en sus costos laborales. Al respecto, señaló que el Gobierno es consciente de esos retos y que trabaja en medidas complementarias para aliviar la carga empresarial, especialmente en los sectores más vulnerables. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer políticas de apoyo productivo y revisar esquemas de costos que hoy dependen directamente del salario mínimo.
Frente a las posibles demandas que se han anunciado contra el decreto, el mandatario defendió la legalidad y legitimidad de la decisión, argumentando que el aumento responde a criterios sociales, económicos y constitucionales, y que busca corregir el rezago histórico de los ingresos laborales frente al costo de vida. A su juicio, la medida no solo apunta a mejorar las condiciones de millones de trabajadores, sino también a dinamizar el consumo interno y reducir brechas de desigualdad.
En síntesis, el presidente dejó claro que el incremento del salario mínimo para 2026 es una apuesta central de su política económica y social, pero subrayó que su éxito dependerá de la implementación de reformas estructurales, como la desindexación, que permitan equilibrar los beneficios para los trabajadores con la sostenibilidad de la economía y del aparato productivo del país.
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