En una alocución de más de 35 minutos, el presidente Gustavo Petro anunció formalmente su decisión de avanzar con una consulta popular, impulsándola por medio de un decreto presidencial que, según afirmó, será publicado en un plazo máximo de una semana. La convocatoria busca que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre aspectos clave de su agenda de gobierno, especialmente en áreas donde ha enfrentado resistencia por parte del Congreso y otras instituciones.
El mandatario explicó que la fecha tentativa para la votación sería entre finales de julio y comienzos de agosto, en un intento por acelerar el proceso y capitalizar el respaldo popular antes de que termine el segundo período legislativo del año. Petro justificó su decisión como un acto legítimo de democracia participativa, al considerar que su programa de reformas estructurales está siendo bloqueado por sectores del establecimiento político y económico.
El anuncio marca un giro audaz en su estrategia de gobierno: al no encontrar consensos dentro del Congreso, busca que sea el pueblo quien valide directamente sus propuestas. No obstante, la medida fue recibida con fuertes críticas desde el Legislativo. Varios congresistas —incluidos algunos de partidos independientes— calificaron el movimiento como un “golpe a la institucionalidad” y advirtieron sobre los riesgos de gobernar por fuera del marco de los equilibrios democráticos.
La decisión también ha generado preocupación entre expertos constitucionalistas, quienes advierten que un decreto no puede reemplazar los procedimientos legales establecidos para convocar consultas populares. Según la ley colombiana, este mecanismo debe ser aprobado por el Senado, y la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad del texto antes de que pueda ser sometido a votación. Saltarse estos pasos podría poner al Ejecutivo en una situación de abierta confrontación con las instituciones.
Petro, por su parte, insistió en que su gobierno no está violando la Constitución, sino recurriendo a los mecanismos que la misma Carta Política contempla cuando las mayorías legislativas no permiten el avance de reformas necesarias. La alocución presidencial dejó claro que el Gobierno está dispuesto a tensar al máximo la cuerda institucional en su intento de legitimar su proyecto político en las urnas.
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