La Corte Suprema de Justicia aún no toma una decisión definitiva sobre si ordenará medidas de aseguramiento, incluida prisión preventiva, contra seis congresistas —cinco actuales y un excongresista— señalados dentro del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según reveló El Tiempo este 4 de marzo de 2026, en la Sala de Instrucción existen posiciones divididas frente a la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien propone llamar a juicio a seis políticos por el delito de cohecho impropio y evaluar la imposición de medidas de aseguramiento.
Entre los implicados aparece el excongresista Juan Diego Muñoz, junto con los actuales congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique y Juan Pablo Gallo.
El caso hace parte de las investigaciones por presuntos intercambios de favores políticos relacionados con contratos y cuotas burocráticas vinculadas a la UNGRD. Dentro del expediente reposan testimonios, interceptaciones y conversaciones que, según la investigación, evidenciarían un esquema de intercambio de votos en el Congreso por beneficios administrativos.
Aunque dentro de la Sala parece existir consenso para avanzar hacia el llamado a juicio por cohecho impropio contra los seis implicados —incluido el excongresista Juan Diego Muñoz—, el punto más polémico gira alrededor de la posibilidad de ordenar detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Una ponencia anterior presentada en octubre de 2025, que buscaba imponer prisión preventiva por presunto riesgo de obstrucción a la justicia, fue rechazada por los magistrados. En esta nueva discusión se analiza si existen elementos adicionales que justifiquen esa medida, aunque varias posiciones dentro de la Sala anticipan que las detenciones podrían volver a negarse.
Otro de los puntos que genera división en el alto tribunal es un presunto defecto procedimental en la asignación del expediente contra Wadith Manzur. El caso habría sido trasladado en julio de 2024 desde el despacho del magistrado Héctor Alarcón al de Misael Rodríguez por decisión del entonces presidente de la Sala, César Reyes.
Un oficio interno —que, según versiones, habría sido elaborado desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana— cuestiona que el traslado se haya hecho de manera irregular, lo que podría constituir una “asignación a dedo” contraria a las reglas de reparto de procesos. De confirmarse este vicio, el expediente podría devolverse para un nuevo sorteo.
Mientras la Sala de Instrucción define el rumbo del proceso, los implicados —entre ellos el excongresista Juan Diego Muñoz— continúan vinculados a la investigación sin restricciones judiciales inmediatas. Si finalmente se niegan las medidas de aseguramiento, los congresistas que buscan reelección podrían continuar en campaña mientras avanza el proceso en su contra.
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