14 de enero de 2026 — La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una medida migratoria sin precedentes que suspende indefinidamente la tramitación de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La decisión, que entrará en vigor el 21 de enero de 2026, fue adelantada mediante un memorando interno del Departamento de Estado y ha generado preocupación entre gobiernos y solicitantes de visas en todo el mundo.
Según el documento, las embajadas y consulados de Estados Unidos han recibido instrucciones para negar solicitudes de visas mientras se revisan y actualizan los procedimientos de selección y verificación consular. La suspensión se enmarca en una reinterpretación más estricta de la llamada cláusula de “carga pública” en la ley migratoria estadounidense, que permite negar visas a personas consideradas susceptibles de depender de beneficios públicos tras su llegada.
Entre los 75 países incluidos en la suspensión figuran Brasil, Colombia, Rusia, Irán, Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otros estados de África, América Latina y Asia. La medida afecta a los visados de inmigrante, que permiten la entrada con intención de residencia permanente en Estados Unidos; no obstante, se mantiene la tramitación de visas temporales como las de turista o estudios en la mayoría de los casos.
La administración argumenta que la pausa en la emisión de visados busca prevenir que los nuevos inmigrantes se conviertan en una carga económica para el país, aunque no ha establecido una fecha límite para la revisión ni un cronograma para la posible reanudación de los trámites.
La decisión se da en el contexto de una política migratoria más estricta impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye la revocación de decenas de miles de visas el año anterior y la ampliación de prohibiciones de entrada para ciudadanos de países considerados de riesgo o con altos índices de uso de beneficios públicos.
La suspensión de visas podría tener amplias repercusiones económicas y sociales, especialmente en naciones con altos niveles de migración hacia Estados Unidos o fuertes vínculos familiares y comerciales. Además, la medida coincide con un año en el que el país espera la visita de miles de turistas durante eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol, lo que podría complicar la asistencia de aficionados de países afectados.
Gobiernos de algunos de los países incluidos han expresado su preocupación y han exigido explicaciones a Washington, mientras que organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad y el impacto de la política, calificándola de discriminatoria y contraria a los principios de movilidad internacional.
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