La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, hizo un llamado contundente al Gobierno Nacional y a la comunidad institucional para brindar apoyo humanitario inmediato a la región del Catatumbo, luego de la intensificación del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. La funcionaria advirtió que la confrontación armada ha desencadenado una nueva crisis humanitaria que golpea de manera directa a la población civil, especialmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes asentadas en esta zona del nororiente del país.
Márquez expresó su preocupación por el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad y por las graves afectaciones sociales que deja la disputa territorial entre los grupos armados ilegales. Según señaló, el enfrentamiento ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y un clima de miedo que impide el desarrollo normal de la vida comunitaria. La vicepresidenta enfatizó que la población civil no puede seguir siendo la principal víctima de la guerra y reclamó una respuesta integral que priorice la protección de los derechos humanos.
En su pronunciamiento, la alta funcionaria insistió en que la atención no debe limitarse al despliegue de la fuerza pública, sino que debe incluir la activación inmediata de rutas humanitarias, el envío de ayudas de emergencia, el acompañamiento de organismos de derechos humanos y el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado. Subrayó que la crisis en el Catatumbo refleja las profundas deudas históricas con esta región, marcada por el abandono estatal, la pobreza estructural y la persistencia de economías ilegales.
La vicepresidenta también vinculó esta situación con los retos de la política de paz total impulsada por el Gobierno, señalando que la violencia en el Catatumbo evidencia la fragilidad de los ceses y los diálogos cuando no se traducen en mejoras concretas para las comunidades. En ese sentido, pidió acelerar las acciones sociales y humanitarias para evitar que la confrontación escale aún más y genere consecuencias irreversibles.
Finalmente, Márquez reiteró que el Estado tiene la obligación de proteger a la población civil y garantizar condiciones mínimas de dignidad en medio del conflicto. Su llamado busca que el Catatumbo no vuelva a quedar relegado a un segundo plano en la agenda nacional y que la respuesta gubernamental sea rápida, coordinada y centrada en las víctimas, en un momento en el que la región enfrenta una de sus crisis más complejas de los últimos años.
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