En los últimos 18 meses, la administración mdel presidente Gustavo Petro ha protagonizado lo que algunos analistas califican como un notable cambio de rumbo en su política de seguridad: un incremento sostenido de bombardeos militares en zonas rurales. Según reportes recientes, ya se han registrado 13 operaciones aéreas en ese periodo, lo que evidencia una ofensiva cada vez más agresiva por parte del Ejecutivo en la lucha contra grupos armados ilegales.
Este viraje se hizo más visible en julio de 2024, cuando se reactivaron las operaciones de bombardeo aéreo, algo que contrastaba con las promesas iniciales del Gobierno de privilegiar la negociació n y el diálogo. La tendencia se ha consolidado con la llegada al Ministerio de Defensa de Pedro Sánchez, quien ha reforzado la línea dura en seguridad militar.
El episodio más trágico y políticamente costoso ocurrió en Calamar, Guaviare, donde un bombardeo ordenado dejó siete menores de edad muertos, confirmados por Medicina Legal, que recolectó 20 cuerpos tras la operación.
La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, condenó el hecho, subrayando que los menores habrían sido reclutados por las disidencias de las FARC y utilizados como “escudos de guerra”. Por su parte, Petro asumió la responsabilidad del bombardeo y defendió su decisión, argumentando que era necesario para evitar que un grupo armado de hasta 150 combatientes emboscara a sus soldados.
El presidente también justificó la operación desde la lógica del Derecho Internacional Humanitario (DIH): afirmó que, al no haber podido detectar la presencia de menores durante la fase de inteligencia, actuaron bajo condiciones de riesgo y en defensa de sus tropas. Sin embargo, esta explicación ha generado fuertes críticas. Organismos de derechos humanos, entidades de control y la ciudadanía han cuestionado si se respetaron los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
En paralelo, la Justicia Penal Militar abrió una indagación formal para esclarecer las circunstancias del bombardeo, lo cual eleva el costo institucional del episodio para el Gobierno.
El impacto político de este hecho es significativo: no solo pone en tela de juicio la coherencia del discurso de paz que Petro ha promovido, sino que también revela una tensión creciente entre su postura como líder civil y las decisiones militares que ahora parecen inclinarse hacia una estrategia beligerante. En este contexto, la tragedia de Guaviare podría convertirse en un punto de quiebre para el Gobierno, al alimentar críticas sobre la protección de los derechos humanos y la responsabilidad en las operaciones militares bajo su mando.
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