Bogotá, 29 de enero de 2026. La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que llame a declarar al presidente Gustavo Petro dentro de la investigación que se adelanta por el actual escándalo en el sector salud. La petición fue presentada a través de su abogada, Lina Sandoval Echavarría, quien argumenta que la indagación necesita contar con la versión juramentada del jefe de Estado para esclarecer el origen de información presentada durante el caso.
La solicitud de Sarabia, quien fue exministra de Relaciones Exteriores y exjefa de Gabinete en la Casa de Nariño, hace parte de un proceso judicial por presunta desinformación en su contra, relacionado con la designación de interventores en varias EPS que están siendo investigados por irregularidades en la administración de recursos del sistema de salud.
Reclamo jurídico y contexto del caso
La abogada de Sarabia pidió que Petro comparezca en calidad de testigo y rinda una declaración juramentada ante la Fiscalía, con el propósito de que explique quién le habría suministrado “de manera falsa” la información que, según la defensa, se ha atribuido erróneamente a su representada respecto a la entrega de hojas de vida para designación de interventores en el sector. También solicitó que se analicen conversaciones de WhatsApp y grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño correspondientes a un día específico —el 30 de octubre de 2024—, que según la defensa sería clave para esclarecer los hechos.
La misiva presentada ante la Fiscalía señala a varias personas, entre ellas funcionarios que habrían ingresado ese día al despacho presidencial, como posibles fuentes de la información errónea que implicó a Sarabia. La defensa sostiene que esta investigación es necesaria para determinar quién realmente fue responsable de proporcionar la información que desencadenó el escándalo.
Defensa de Sarabia y rechazo de señalamientos
Laura Sarabia ha negado reiteradamente cualquier participación en la designación de interventores de EPS y ha defendido que su gestión fue técnica y documentada, con evidencia en chats y comunicaciones oficiales que, según ella, prueban que no tuvo injerencia en esos nombramientos. Esta postura ha sido publicada en su cuenta en la red social X y recogida por varios medios, donde afirmó que el presidente Gustavo Petro y su propio ministro de Salud estaban al tanto de su versión desde hace más de un año.
El propio Petro ha vinculado en declaraciones públicas a Sarabia con el escándalo, mencionando que algunos interventores señalados por presuntos negocios irregulares fueron presentados al entonces superintendente por recomendaciones que, según él, tenían relación con la excanciller. Estas afirmaciones generaron un intenso debate político y aumentaron la presión en torno al caso.
Efectos políticos y judiciales
La petición de Sarabia a la Fiscalía constituye un paso inusual en un proceso en el que se solicita directamente la declaración del jefe de Estado, lo que podría ampliar el espectro de la investigación y llevar a un cruce de versiones entre la defensa de la embajadora y las declaraciones del propio Petro. El avance de este caso será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por actores políticos, dado que involucra a figuras de alto perfil dentro del Gobierno y pone en evidencia las tensiones internas sobre el manejo del sector salud y la transparencia en la administración pública.
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