Bogotá, 21 de enero de 2026 — El Ministerio de Educación Nacional emitió este miércoles un pronunciamiento oficial en medio del creciente escándalo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José, aclarando que la cartera no tiene competencias directas para otorgar o expedir títulos profesionales, una responsabilidad que corresponde a las instituciones de educación superior. El comunicado responde a inquietudes sobre el papel del Ministerio en el control y vigilancia del cumplimiento de las normas educativas.
La aclaración se produce en medio de una polémica mediática y política que involucra denuncias de presuntas irregularidades en títulos universitarios, entre ellos los de Juliana Guerrero, cuya obtención sin cumplir requisitos como la presentación de la prueba estatal Saber Pro antes de graduarse ha activado cuestionamientos sobre la validez de esos documentos y el ejercicio profesional de quienes los ostentan.
En su respuesta oficial, el Ministerio precisó que su competencia se centra en la regulación general del sistema de educación superior, incluyendo el reconocimiento oficial de programas académicos autorizados y la supervisión de condiciones de calidad educativa. Sin embargo, subrayó que no corresponde a la entidad la expedición individual de títulos profesionales, ni la certificación de documentos concretos cuando ya han sido otorgados por una institución autorizada.
El pronunciamiento busca separar claramente las funciones del Gobierno central en materia educativa de las responsabilidades institucionales propias de las universidades y otros centros de educación superior. Esto incluye la facultad de entregar diplomas una vez cumplidos todos los requisitos académicos exigidos por la ley, lo cual es una atribución de las mismas instituciones y no del Ministerio.
El Ministerio de Educación también recordó que el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y la Inspección y Vigilancia de programas autorizados son mecanismos con los cuales se verifica la legalidad de los programas y condiciones institucionales, pero no facultan a la cartera para expedir títulos directamente o intervenir en títulos ya otorgados.
La aclaración del Ministerio surge en un contexto en el que diversas voces, entre políticos, la opinión pública y académicos, han exigido respuestas claras sobre las denuncias que vinculan títulos expedidos por la Fundación San José con irregularidades en la presentación de exámenes de calidad académica estatales y con la posible participación de esos títulos en carreras profesionales y procesos de acceso a empleo público.
Aunque el Ministerio de Educación mantiene que su papel es regulador y de supervisión general, activó mecanismos internos para hacer seguimiento a cualquier denuncia formal que pueda comprometer la calidad de la educación, sin embargo reiteró que las funciones relacionadas con la emisión de diplomas siempre recaen en las instituciones educativas debidamente autorizadas para otorgarlos.
El pronunciamiento pone en el centro la discusión sobre la diferencia entre regulación académica y expedición de títulos profesionales, así como la importancia de que las instituciones cumplan de manera estricta con los requisitos legales, académicos y de calidad exigidos por el ordenamiento educativo colombiano.
About The Author
