Bogotá, 19 de enero de 2026 — El Ministerio de Trabajo de Colombia envió formalmente a la Procuraduría General de la Nación una denuncia por presunto acoso laboral presentada por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en contra de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). La información fue confirmada por Caracol Radio.
Carrillo había radicado inicialmente la queja ante la Defensoría del Pueblo, pero el Ministerio de Trabajo decidió trasladar el caso a la Procuraduría, que es la entidad competente para investigar posibles conductas laborales indebidas de esta naturaleza.
En la denuncia, Carrillo sostiene que el presunto acoso laboral se habría materializado a través de formulaciones públicas de imputaciones delictivas en su contra hechas por Rodríguez en diversos medios de comunicación, donde se le atribuyeron cuestionamientos sobre su gestión, supuestas ejecuciones bajas de recursos y manejos contractuales controversiales durante su paso por el Fondo Adaptación.
El Ministerio de Trabajo indicó que, además de remitir el caso al órgano de control disciplinario, activará mecanismos de diálogo social y resolución pacífica de conflictos para propiciar acercamientos entre las partes, siempre con respeto al debido proceso y los derechos de todos los involucrados.
La controversia llega en medio de una disputa de alta exposición pública entre funcionarios de alto nivel del Gobierno, que también ha incluido señalamientos cruzados sobre presuntas irregularidades en contratos y ejecución presupuestal relacionados con proyectos del Fondo Adaptación, una entidad clave para la gestión de riesgos y reconstrucción en zonas afectadas por emergencias.
Rodríguez, quien recientemente dejó su cargo en la DAPRE para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación, ha sido protagonista de la disputa con Carrillo desde finales de 2025, cuando éste denunció ante la Defensoría del Pueblo conductas que, según él, habrían buscado mermar su reputación y obstaculizar su labor.
La Procuraduría ahora analizará si existen méritos disciplinarios en las alegaciones de Carrillo, en un caso que pone de relieve tensiones internas dentro del equipo de Gobierno y la manera en que se dirimen conflictos laborales entre altos funcionarios del Estado.
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