Con las elecciones presidenciales de 2026 cada vez más cerca, el procurador general de la Nación lanzó un llamado de atención al Gobierno y a los actores políticos en general para evitar discursos de odio y actitudes que alimenten la polarización en el país. El jefe del Ministerio Público advirtió que los funcionarios públicos tienen un deber constitucional de neutralidad y deben abstenerse de utilizar su cargo o recursos estatales para incidir de manera indebida en la contienda electoral.
El procurador subrayó que la democracia colombiana atraviesa un momento sensible y que la ciudadanía demanda garantías para participar en un debate político libre, sin presiones ni manipulación. Insistió en que los discursos incendiarios, así como las narrativas que profundizan divisiones sociales o ideológicas, no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también pueden derivar en un ambiente de intolerancia y violencia política.
De igual forma, recordó que la Procuraduría tiene la facultad de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios que incurran en conductas que comprometan la transparencia electoral. El pronunciamiento busca anticiparse a lo que podría convertirse en una campaña marcada por el enfrentamiento y el uso del poder estatal para favorecer candidaturas, escenario que, según advirtió, pondría en riesgo la legitimidad del proceso democrático.
El mensaje se enmarca en un contexto donde el país enfrenta altos niveles de polarización política y social, lo que hace más urgente garantizar que el debate electoral se desarrolle bajo principios de respeto, equilibrio y garantías para todas las fuerzas políticas.
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