Una grave denuncia sacudió el escenario político y de seguridad del país este martes 13 de enero de 2026, cuando el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que fue objeto de un espionaje ilegal a su teléfono personal mediante el software Pegasus, presuntamente ordenado desde el Ministerio de Defensa Nacional.
En un video difundido en sus redes sociales, Idárraga explicó que un informe forense realizado en Estados Unidos confirmó que su celular estuvo intervenido entre agosto y noviembre de 2025, periodo durante el cual habría sido infectado con el sofisticado programa espía. Según el alto funcionario, durante ese lapso los responsables accedieron a 2,3 gigas de información sensible, incluidas conversaciones, fuentes de denuncia e incluso comunicaciones con el presidente de la República.
El ministro señaló que en ese momento se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo en el que adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Por eso, aseguró que la supuesta campaña de espionaje —que califica como ilegal e irregular— estaría relacionada con su labor de fiscalización y denuncia dentro del Estado.
Idárraga cuestionó que la orden del presunto espionaje provenga de estructuras de contrainteligencia del Ejército Nacional y recursos provenientes de gastos reservados del sector Defensa, lo que vincularía directamente a esa cartera con actos de vigilancia sin autorización judicial.
Además, el ministro encargado confirmó que ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y elevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue la violación a la privacidad de su información y la de su familia.
Idárraga también solicitó a la Contraloría General de la República adelantar una inspección urgente sobre los gastos reservados y las actividades de contrainteligencia en el Ministerio de Defensa, en busca de esclarecer los hechos y determinar posibles responsables.
La denuncia se produce en medio de un contexto más amplio de inquietudes sobre interceptaciones y seguimientos ilegales que han afectado a altos funcionarios del Gobierno, lo que ha generado un debate renovado sobre los límites del uso de herramientas de inteligencia en el país.
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