Bogotá, 25 de enero de 2026. El Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) ha reasignado alrededor de $15,7 billones del presupuesto histórico de esa cartera hacia programas de desarrollo de la salud, pero no existe información pública clara sobre los resultados concretos de esa inversión, según una investigación de El Colombiano.
La mayor parte de esos recursos fue transferida hacia el rubro llamado apoyo a programas de desarrollo de la salud —un componente de la Ley 100 de 1993— cuya asignación se incrementó en más de 1.500 % en comparación con los niveles observados entre 2018 y 2022. Sin embargo, pese a ese fuerte incremento presupuestal, no se conoce de manera detallada qué efectos concretos ha tenido esa inversión sobre los indicadores de salud pública ni cómo se están midiendo esos impactos en la población.
Según los documentos de ejecución presupuestal revisados por el medio, los recursos asignados a ese componente ascendieron a $272.796 millones en 2022, $226.031 millones en 2023, $3,6 billones en 2024 y $12,6 billones en 2025. Esa acumulación llevó a que el total de recursos destinados en esta administración superara con creces los del periodo anterior.
Debate político y cuestionamientos
La reasignación ha sido cuestionada por sectores políticos. La senadora Norma Hurtado (Partido de la U) señaló que recursos originalmente destinados al aseguramiento en salud —el mecanismo que financia la atención médica de los usuarios a través de las EPS— han sido trasladados a este nuevo rubro, lo que, según ella, puede estar desfinanciando la atención de servicios básicos, medicamentos y tratamientos.
Hurtado explicó que, aunque apoyar la promoción y prevención en salud o comprar ambulancias es importante, esos recursos no deberían sustraerse de los fondos de aseguramiento, que tienen el mandato legal de garantizar la atención médica oportuna de los colombianos. Señaló que ha elevado derechos de petición a la Contraloría y a la Procuraduría para clarificar el destino de los recursos y la sostenibilidad del sistema.
Críticas sobre transparencia y efectos en el sistema
Expertos y analistas consultados advirtieron que, aunque la inversión en infraestructura hospitalaria pública y en equipos básicos de salud (EBS) es legítima dentro de una estrategia de fortalecimiento del sistema, no hay base de información pública clara sobre cuál ha sido el impacto de esa reasignación de recursos. Esto, aseguran, dificulta evaluar si la inversión está traduciendo dinero en mejoras reales de la atención.
La falta de transparencia resulta especialmente preocupante frente a otros indicadores adversos que enfrenta el sistema de salud colombiano. Por ejemplo, la Contraloría General de la República ha alertado que los hospitales públicos no están recibiendo suficientes recursos pese al aumento de giros, y que las deudas de esas instituciones han aumentado progresivamente.
Economistas y salubristas han indicado que una parte significativa de la crisis actual se explica por estructuras previas de financiación —como los ajustes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con datos de 2020 y 2021— y por un desbalance entre los costos reales de atención y los ingresos que reciben las EPS, lo que ha generado tensiones en la financiación del sistema.
Iniciativas y proyectos en ejecución
El ministerio ha defendido sus esfuerzos en inversión, destacando proyectos concretos, como la recuperación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá con una inversión de $1,61 billones que busca fortalecer la red hospitalaria pública con infraestructuras modernas y mayor capacidad resolutiva.
No obstante, la falta de indicadores públicos actualizados que muestren cómo estas inversiones se traducen en mejoras en la salud de la población, como el acceso oportuno a servicios, reducción de tiempos de espera o disminución de mortalidad por causas prevenibles, mantiene el debate abierto sobre la efectividad del gasto en salud pública.
Un llamado a la claridad
Frente a este contexto, tanto congresistas como expertos han insistido en la necesidad de que el Ministerio de Salud y Protección Social publique informes detallados y medibles sobre el uso de los cerca de $15,7 billones reasignados, incluyendo criterios de selección de proyectos, indicadores de impacto, cronogramas de ejecución y mediciones de resultados, para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos del sector salud.
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