La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respondió con firmeza a la controversia generada por la orden de inspección emitida contra el Consejo de Estado. En medio de las críticas y sospechas sobre posibles intereses políticos detrás de la medida, Arizabaleta sostuvo que la diligencia tiene un carácter estrictamente jurídico y administrativo, y que en ningún momento responde a presiones partidistas ni a agendas electorales.
La congresista enfatizó que la Comisión tiene la obligación constitucional de ejercer control sobre las actuaciones de los altos tribunales cuando existen denuncias o solicitudes formales, y que esta inspección busca garantizar transparencia y debido proceso, no interferir en la independencia judicial. Además, negó categóricamente que su pertenencia al Partido Liberal o su cercanía con sectores políticos haya influido en la decisión, calificando esas insinuaciones como “malintencionadas y desinformadas”.
Arizabaleta también recordó que las actuaciones de la Comisión se rigen por parámetros legales y deben contar con la autorización de los órganos competentes, por lo que no existe margen para interpretaciones subjetivas o partidarias. La congresista insistió en que la función investigativa del Congreso no debe confundirse con una intromisión en la justicia, y subrayó que se trata de un procedimiento legítimo dentro del marco de control político y judicial que establece la Constitución.
Con esta declaración, la presidenta de la Comisión de Acusación busca desactivar la tensión entre el Legislativo y el Consejo de Estado, que surgió tras conocerse la inspección, la cual algunos sectores interpretaron como un acto de presión institucional. Arizabaleta reiteró su compromiso con la independencia de los poderes públicos y aseguró que todas las actuaciones continuarán bajo el principio de transparencia, sin atender a intereses personales o partidistas.
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