La posible ratificación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad ha desatado una fuerte controversia política y jurídica. La Presidencia de la República volvió a publicar su hoja de vida en el portal oficial, paso previo a su eventual nombramiento, pese a que el Tribunal Superior de Cundinamarca había ordenado su suspensión. Sectores de la oposición y algunos congresistas advirtieron que, si el Gobierno insiste en posesionar nuevamente a Florián, emprenderán acciones legales y políticas, al considerar que se estaría incumpliendo un mandato judicial.
La decisión de la Casa de Nariño es interpretada como una jugada para acatar formalmente la paridad de género exigida en el gabinete, pero al mismo tiempo mantener a Florián en el cargo, una maniobra que para críticos raya en la desobediencia institucional. En el Congreso, las voces en contra sostienen que este tipo de actuaciones debilitan el respeto por la justicia y podrían abrir un choque de poderes.
El caso pone nuevamente bajo los reflectores al Ministerio de la Igualdad, una de las carteras más cuestionadas en el actual gobierno, y alimenta el debate sobre la relación del Ejecutivo con la Rama Judicial, en un contexto de tensiones crecientes por la manera en que el presidente Gustavo Petro ha afrontado fallos adversos a su administración.
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