Una nueva controversia sacude el escenario político y administrativo en Colombia tras la denuncia realizada por la senadora Paloma Valencia, quien pidió investigar a Colpensiones por un presunto contrato por 404 millones de pesos otorgado a la Fundación Universitaria San José.
Según lo revelado por El Tiempo y Caracol Radio, la congresista cuestionó la legalidad y pertinencia de dicho contrato, especialmente por los antecedentes que han rodeado a esa institución educativa en otras investigaciones recientes.
📌 Los puntos clave de la denuncia
De acuerdo con la información publicada:
- El contrato tendría un valor cercano a $404 millones.
- Fue otorgado por Colpensiones a la Fundación Universitaria San José.
- La senadora solicitó investigaciones formales para esclarecer el proceso contractual.
- Se plantean dudas sobre la idoneidad y antecedentes de la entidad contratista.
Valencia ha insistido en que este caso debe ser revisado por los organismos de control, en medio de un contexto donde la fundación ha sido mencionada en procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades académicas.
🚗 Otra alerta: compra de camioneta
En paralelo, la senadora también solicitó investigar la compra de una camioneta destinada al presidente de Colpensiones.
Según El Tiempo:
- Se cuestiona la adquisición del vehículo pese a que existiría un esquema de protección a través de la Unidad Nacional de Protección.
- La congresista pidió verificar la necesidad y legalidad del gasto.
⚠️ Contexto político y administrativo
Las denuncias se dan en un ambiente de alta tensión política, donde sectores de oposición han intensificado el control sobre las entidades del Estado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Otros medios como Pulzo destacan que la senadora también ha vinculado estas decisiones a cuestionamientos más amplios sobre la gestión en entidades públicas y el uso de recursos.
🧩 Lo que sigue
Hasta el momento:
- No hay pronunciamiento definitivo de organismos de control sobre el contrato.
- Se espera que las entidades competentes evalúen la denuncia.
- El caso podría escalar dependiendo de los hallazgos.
Este episodio se suma a una serie de debates sobre contratación estatal, transparencia y control político en Colombia.
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