Bogotá, 26 de enero de 2026. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia reveló una denuncia en la que señala la existencia de una “olla podrida” dentro del Gobierno nacional, tras asegurar que se habrían presentado cobros irregulares equivalentes al 10 % del valor de compra de predios en la Agencia Nacional de Tierras (ANT),. La dirigente política calificó estos hechos como una grave señal de corrupción interna en una entidad estatal clave para la titulación y adjudicación de terrenos rurales.
La denuncia se originó luego de que Valencia recibiera comunicaciones de propietarios rurales que habrían sido informados de un supuesto pago no oficial —equivalente al 10 % del valor de la transacción— para garantizar la aprobación de la compra de predios rurales a través de la ANT, entidad del Gobierno encargada de administrar y regular la tenencia de tierras en Colombia.
Según la senadora, los supuestos cobros se habrían cristalizado como “gastos de gestión” o cargas adicionales no previstas en la ley ni en los reglamentos vigentes, y que en la práctica estarían siendo exigidos a los ciudadanos que buscarían regularizar la propiedad de sus fincas mediante la Agencia.
Reacciones políticas y contexto institucional
Valencia calificó la situación denunciada como un claro ejemplo de las prácticas mal habidas que persisten en el aparato estatal y afirmó que este tipo de casos “desvirtúa la función pública” y pone en riesgo la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de administrar uno de los recursos más valiosos para los colombianos: la tierra.
La líder política aseguró que los reportes le fueron presentados directamente por personas afectadas, quienes habrían sido informadas por funcionarios de la ANT sobre la supuesta necesidad de realizar ese pago no oficial para adelantar los trámites de compra ante la entidad. Valencia indicó que presentará derechos de petición y solicitudes de investigación ante las autoridades competentes, incluida la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, para que se verifique la veracidad de estos hechos y se determinen responsabilidades administrativas o penales en caso de confirmarse irregularidades.
Desde su trayectoria en el Senado, Valencia ha posicionado temas de transparencia, lucha contra la corrupción y defensa de la propiedad privada, razón por la cual esta denuncia se inscribe dentro de su agenda política. La senadora ha indicado que insistirá en que se den explicaciones oficiales y que se abran investigaciones formales para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Agencia Nacional de Tierras ni el Gobierno nacional han emitido una respuesta oficial o comunicado sobre las acusaciones planteadas por Paloma Valencia. Tampoco se conoce una posición de la administración respecto a la apertura de investigaciones internas o auditorías en esa entidad.
Implicaciones y debate público
La denuncia de la precandidata presidencial se inscribe en un contexto de creciente escrutinio de entidades públicas por presuntas irregularidades en contratos, trámites, adjudicaciones o gestión de recursos, además de la discusión sobre las reformas estructurales en el sector agrario y rural en Colombia.
El caso también reaviva el debate sobre la necesidad de mecanismos de control más estrictos y mayor transparencia en la gestión de instituciones encargadas de la administración de tierras, un tema históricamente sensible en la política colombiana, dada su relación directa con la seguridad jurídica de los propietarios rurales, la reforma agraria y la resolución de conflictos agrarios de larga data en el país.
La denuncia, además, añade un nuevo componente al debate político actual y puede tener consecuencias tanto en la percepción de la gestión pública como en la configuración de alianzas y discursos hacia las elecciones de 2026, especialmente en sectores que han enfatizado la lucha contra la corrupción y la reforma institucional como ejes de su propuesta.
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