El presidente Gustavo Petro negó que su Gobierno haya firmado contratos de propaganda política por más de $70.000 millones, como se ha señalado en medio de la controversia por convenios suscritos con RTVC. El mandatario aseguró que ese tipo de contratación está prohibida y rechazó que los recursos públicos se estén utilizando con fines proselitistas.
Según informó Infobae, el jefe de Estado respondió a los cuestionamientos afirmando que la ley impide la celebración de contratos de propaganda política desde el Gobierno y defendió la legalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con el sistema de medios públicos.
La polémica surge en paralelo a la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al entonces funcionario Armando Benedetti explicar las razones por las cuales firmó un contrato con RTVC que ha generado debate público. El Ministerio Público pidió detallar los fundamentos jurídicos y administrativos del acuerdo, así como los criterios que motivaron su suscripción.
De acuerdo con la publicación, la Procuraduría busca establecer si el contrato se ajustó a la normativa vigente y si cumplió con los principios de transparencia y legalidad en la contratación estatal.
El tema ha intensificado el debate político en torno al uso de recursos públicos en comunicaciones oficiales y al alcance de la publicidad institucional en un contexto preelectoral. Mientras el presidente insiste en que no se ha firmado propaganda política, los organismos de control avanzan en las verificaciones correspondientes.
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