
Bogotá, 20 de enero de 2026 — El presidente de la República, Gustavo Petro, planteó durante un consejo de ministros la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención estatal, argumentando que el modelo de aseguramiento financiero en salud ha sido un fracaso estructural que no ha mejorado los indicadores de bienestar del país. La propuesta fue divulgada en Blu Radio.
La discusión presidencial se da en el marco de un concepto reciente emitido por el Consejo de Estado, que autorizó el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el principal mecanismo de financiamiento de la salud en Colombia— para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que dichas obligaciones no estén vencidas y no se comprometa la atención de los pacientes.
Según Petro, las EPS intervenidas concentran una parte sustancial de la deuda estructural del sistema de salud, lo que ha generado un ciclo de endeudamiento que, a su juicio, bloquea recursos necesarios para la atención actual de los usuarios. El mandatario sostuvo que estas entidades han utilizado dinero destinado a los servicios médicos para saldar obligaciones morosas del pasado, una práctica que calificó como una forma de estafa al Estado.
“El aseguramiento financiero ha sido un fracaso estructural en Colombia y los indicadores del sistema no han mejorado en más de una década”, manifestó Petro durante el consejo de ministros, resaltando que los recursos públicos, en lugar de fortalecer la red de atención y promoción de la salud, han servido para cubrir pasivos que no terminan de resolverse.
📉 Crisis de deuda y posible liquidación
Las EPS bajo vigilancia especial —entidades con problemas financieros detectados por la Superintendencia Nacional de Salud— acumularon a mediados de 2025 pasivos por más de 12,8 billones de pesos, con niveles elevados de mora frente a hospitales, clínicas y proveedores, según cifras divulgadas por medios y registros oficiales. Además, informes señalan que 29 EPS tienen deudas acumuladas de hasta 39 billones de pesos, reflejando la magnitud de la crisis financiera que afecta al sistema.
La liquidación, de concretarse, solo sería viable si las deudas no están vencidas y no se pone en riesgo la atención de los pacientes. Esto implica que algunas obligaciones podrían ser reestructuradas con recursos de la UPC sin afectar directamente los servicios de salud, mientras que otras tendrían que ser reorganizadas o asumidas por otros mecanismos.
⚖️ Modelos alternativos y fortalecimiento de la salud pública
Petro ha señalado que el fracaso del modelo de aseguramiento basado en las EPS privadas y mixtas evidencia la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud colombiano. En su propuesta, la liquidación de las EPS intervenidas permitiría redirigir recursos hacia la atención preventiva y el fortalecimiento de hospitales públicos, lo cual —según el presidente— representaría una mejor garantía del derecho fundamental a la salud para todas las personas.
El jefe de Estado ha insistido también en declaraciones previas que el Gobierno no pagará las deudas de las EPS que no cuenten con la capacidad financiera para mantenerse, y ha planteado que dichas entidades deberían ser liquidadas o reconfiguradas si no pueden cumplir sus obligaciones sin poner en riesgo el sistema.
📊 Debates sobre cifras y sostenibilidad
La propuesta de liquidar las EPS ha generado reacciones diversas en el país. Expertos y autoridades fiscales han presentado cifras alternativas sobre el nivel de endeudamiento del sector. Por ejemplo, la **Contraloría General de la República indicó que la deuda acumulada de las EPS era de cerca de 32,9 billones de pesos hasta diciembre de 2024, una cifra menor a algunos montos citados por el presidente, pero igualmente preocupante para la sostenibilidad del sistema.
Estos datos reflejan un consenso sobre la necesidad de abordar la crisis financiera de las EPS, aunque las soluciones y el diseño de un nuevo modelo de aseguramiento siguen siendo objeto de debate entre autoridades, gremios, prestadores de servicios y expertos en salud pública.

