La propuesta de un “acuerdo nacional” lanzada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó una reacción inmediata y mayoritariamente adversa en el escenario político colombiano. El presidente Gustavo Petro, junto con amplios sectores partidistas y los principales candidatos presidenciales, coincidieron en rechazar la iniciativa al considerar que encierra riesgos graves para la democracia y abre la puerta a una indebida injerencia del grupo armado en los procesos electorales al Congreso y a la Presidencia.
Desde la Casa de Nariño, el mandatario fue enfático en marcar distancia entre los esfuerzos de paz del Estado y cualquier pretensión de incidencia política del ELN. Petro subrayó que los diálogos y eventuales acuerdos con grupos armados no pueden traducirse en espacios de participación electoral ni en mecanismos de presión sobre la voluntad popular. En su postura, el Gobierno dejó claro que la paz debe construirse dentro de los marcos institucionales y sin atajos que comprometan la legitimidad del sistema democrático.
La reacción no se limitó al Ejecutivo. Dirigentes de distintas orillas ideológicas y campañas presidenciales coincidieron en señalar que la propuesta del ELN podría interpretarse como un intento de “manipular” o “condicionar” el desarrollo de los comicios. Para varios aspirantes, el planteamiento del grupo guerrillero busca ganar protagonismo político en un momento clave del calendario electoral, lo que despierta temores sobre presiones en territorios donde su presencia armada sigue siendo significativa.
Desde la oposición y sectores independientes se insistió en que cualquier acuerdo que involucre a actores armados ilegales debe circunscribirse estrictamente al desmonte de la violencia y al respeto irrestricto por las reglas democráticas. Algunos líderes advirtieron que normalizar propuestas de este tipo podría sentar precedentes peligrosos, debilitando la confianza ciudadana en unas elecciones libres y transparentes.
El rechazo transversal a la iniciativa del ELN termina por trazar una línea roja compartida: la política y las elecciones son terreno exclusivo de los ciudadanos y las instituciones. En medio de una campaña ya tensionada por alianzas, discursos polarizados y disputas estratégicas, el episodio refuerza un consenso poco habitual en la arena pública: la paz no puede convertirse en un instrumento para disputar poder electoral ni para legitimar la influencia de las armas sobre las urnas.
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