La senadora Berenice Bedoya enfrenta una nueva controversia tras conocerse la denuncia de un exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien aseguró que fue presuntamente presionado para entregar hasta cuatro millones de pesos mensuales como condición para conservar su cargo.
La denuncia fue revelada por varios medios nacionales y señala que los pagos habrían sido exigidos, según el testimonio del asesor, en favor de un familiar de la congresista. El denunciante afirmó que parte de su salario debía ser entregado periódicamente, lo que podría configurar un posible caso de concusión si se comprueba judicialmente.
¿Qué dice la denuncia?
Según el testimonio conocido públicamente, el asesor habría sido condicionado a pagar sumas de dinero provenientes de su salario. Además, se mencionan posibles irregularidades relacionadas con la contratación de personal en la UTL, incluyendo presuntos “asesores fantasma” o personas que no cumplirían funciones verificables.
Las Unidades de Trabajo Legislativo son equipos financiados con recursos públicos y asignados a cada congresista para el cumplimiento de labores técnicas y administrativas, por lo que cualquier irregularidad podría tener implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.
Reacciones políticas
El director del Departamento de Prosperidad Social y dirigente político Gustavo Bolívar solicitó públicamente que se investiguen los hechos y se esclarezcan las denuncias, subrayando la importancia de la transparencia en el manejo de recursos del Congreso.
El caso también ha sido objeto de debate en el ámbito legislativo, donde algunos sectores han pedido que los organismos de control actúen con celeridad.
La respuesta de la senadora
La senadora Bedoya negó categóricamente las acusaciones y afirmó que no ha exigido dinero a ningún miembro de su equipo de trabajo. Aseguró que se trata de señalamientos sin fundamento y manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación que adelanten las autoridades.
Asimismo, indicó que defenderá su nombre en las instancias correspondientes y que las acusaciones buscan afectar su imagen pública.
Antecedentes y contexto
Medios nacionales también han recordado otras controversias que han rodeado a la congresista en el pasado, relacionadas con cuestionamientos en entidades como la UNGRD y el Fondo de Adaptación, aunque estos episodios no guardan relación directa con la denuncia actual.
Por ahora, el caso está en el terreno mediático y podría trasladarse a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación si se formalizan las denuncias. De confirmarse los hechos, podrían configurarse delitos como concusión o irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El episodio reabre el debate sobre la transparencia en el funcionamiento de las UTL y la necesidad de mayores controles en el uso de recursos asignados al Congreso.
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