Bogotá, 27 de enero de 2026. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) decretó la insubsistencia de al menos 30 funcionarios en la tarde del lunes 26 de enero, a pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías — que limita la contratación y los cambios en la administración pública en periodo electoral—, lo que ha generado **críticas y preocupación por el momento en que se produjeron estas desvinculaciones.
Los despidos ocurrieron apenas cinco días antes de que se active la Ley de Garantías, prevista para iniciar el 31 de enero de 2026, un marco legal que busca evitar el uso de recursos o cargos públicos para favorecer a determinados candidatos o grupos políticos durante el periodo preelectoral.
Entre los declarados insubsistentes hay funcionarios con años de experiencia, muchos en cargos de libre nombramiento y remoción. Varios de ellos eran considerados personal de trayectoria en la Casa de Nariño, lo que ha generado críticas desde sectores internos que piden explicaciones sobre el criterio y los motivos técnicos detrás de estas decisiones administrativas.
En declaraciones recogidas por medios, una exfuncionaria del Dapre calificó los despidos como una “real canallada”, expresando que no hubo claridad sobre las razones de la desvinculación pese a la experiencia acumulada de varios de los afectados.
Impacto y contexto político-administrativo
Las desvinculaciones ocurrieron pocos días después de la llegada de Nhora Mondragón como nueva directora del Dapre, en reemplazo de Angie Rodríguez, en un cambio de dirección que también ha estado en el centro de la atención mediática recientemente.
La operación de declaratoria de insubsistencia abarcó no solo cargos directivos, sino también personal operativo, incluidos empleos de trayectoria, personal próximo a pensionarse, madres cabeza de familia y funcionarios con décadas de servicio. Estas salidas han generado debate sobre la transparencia y oportunidad de la gestión de personal en una entidad tan estratégica como la Presidencia, especialmente en vísperas de restricciones electorales.
Por su parte, la Presidencia ha justificado los movimientos señalando que los cargos eran de libre nombramiento y remoción, un criterio administrativo que implica que los altos funcionarios pueden ser llamados a retiro cuando cambian las direcciones o equipos de trabajo, aunque el momento de las salidas ha sido objeto de controversia pública.
Debate público sobre la Ley de Garantías y prácticas gubernamentales
Los despidos en el Dapre se suman a una oleada de cambios de personal y decisiones administrativas que se han conocido en distintas instituciones públicas en las últimas semanas, justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías, un escenario que ha despertado cuestionamientos sobre la ética y la legalidad de estos movimientos en la recta final de una administración.
Analistas políticos y administrativos han advertido que los cambios masivos de funcionarios en vísperas de restricciones electorales pueden afectar la operatividad institucional y minar la confianza ciudadana, más aún cuando varios de los afectados llevan años de servicio y cumplen funciones esenciales dentro de la estructura gubernamental.
La discusión se desarrolla en paralelo a otros debates públicos sobre la contratación estatal y la gestión de recursos en periodo preelectoral, que han estado bajo la lupa de organismos de control, oposición y medios de comunicación en los últimos meses.
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