Bogotá, enero de 2026. El regreso del uso del herbicida glifosato para combatir cultivos ilícitos mediante drones ha reabierto un debate profundo y divisivo en Colombia sobre la política de lucha contra el narcotráfico y sus impactos en el medio ambiente, la salud pública y las comunidades rurales, según reportó El Colombiano.
El glifosato, herbicida ampliamente usado en programas de fumigación contra cultivos de hoja de coca en décadas anteriores, fue suspendido en Colombia en 2015 tras un fallo de la Corte Constitucional que restringió la aspersión aérea por preocupaciones ambientales y de salud.
En los últimos meses, el Gobierno nacional ha anunciado la implementación de una nueva modalidad de erradicación terrestre con glifosato usando drones controlados desde tierra, en lugar de la fumigación aérea, que implicaba aspersiones con aviones o helicópteros. Esta estrategia —según el Ministerio de Justicia y las autoridades— busca aplicar el herbicida de forma más precisa, con supervisión visual y a corta distancia de las plantas de coca, con el argumento de reducir algunos de los impactos negativos que caracterizaron los programas anteriores.
Debate entre eficacia y riesgos
El retorno del glifosato en esta modalidad ha suscitado críticas y preocupaciones en diversos sectores. Autoridades como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, han cuestionado públicamente la decisión, subrayando que regiones como la suya han apostado por modelos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y reclamando que estos enfoques deben ir acompañados de financiamiento suficiente para los campesinos, en lugar de medidas represivas con agroquímicos.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos también han recordado los riesgos históricos asociados al glifosato. Estudios y recomendaciones internacionales, como las de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, lo han clasificado como “probablemente cancerígeno”, lo que ha sido base para pedir la suspensión de su uso incluso en programas de erradicación terrestre.
Además, el uso de glifosato ha estado relacionado con impactos ambientales —como contaminación de suelos y cuerpos de agua— y con efectos adversos en la biodiversidad, lo que ha llevado a voces expertas a cuestionar la eficacia y ética de continuar con este tipo de tácticas en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Contexto de cultivos ilícitos y estrategias gubernamentales
El regreso al glifosato se da en un contexto de incremento sostenido de los cultivos ilícitos de coca en Colombia, que, según informes oficiales, supera las cifras de años anteriores. Para hacer frente a este desafío, las autoridades han planteado estrategias de erradicación manual, sustitución voluntaria y, ahora, la aspersión terrestre con drones.
Según la Policía Nacional, las primeras aspersiones con drones se llevarán a cabo en zonas del Cauca, con Argelia como uno de los municipios piloto, y se prevé extender la operación a otras localidades con alta presencia de plantaciones de coca. Esta estrategia ha sido presentada como parte de un plan integral que incluye coordinación con licencias ambientales y planes de manejo, aunque ha generado protestas de habitantes locales contrarios al uso del herbicida.
Por su parte, el Gobierno colombiano ha sostenido que esta modalidad no constituye un retorno de la fumigación aérea tradicional —prohibida desde 2015— sino una herramienta terrestre y controlada, con mayor precisión en la aplicación del químico.
Reacciones políticas y la discusión pública
La polémica ha trascendido los límites técnicos para convertirse en un tema político y social de alto impacto. Sectores que promueven enfoques de desarrollo alternativo y sustitución voluntaria han defendido la expansión de programas productivos como café, cacao y otros cultivos legales para las comunidades rurales, argumentando que estas opciones generan mejores condiciones de vida sin los riesgos asociados al glifosato.
Mientras tanto, defensores de medidas más duras contra el narcotráfico sostienen que la aspersión terrestre con glifosato puede ser una herramienta adicional dentro de un esquema mixto de respuesta, aunque su efectividad y los efectos secundarios continúan siendo objeto de análisis y disputa.
En el debate también pesa la relación con compromisos internacionales. Estados Unidos y otros países han presionado a Colombia históricamente para retomar tácticas de erradicación más agresivas, en medio de preocupaciones por el fuerte crecimiento de la producción de cocaína, un fenómeno que sigue siendo una de las principales preocupaciones de política antidrogas en la región.
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