La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó una fuerte denuncia pública contra el Ministerio de la Igualdad al advertir sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios temporales por una suma que superaría los 70.000 millones de pesos. Según expuso la congresista a través de sus redes sociales, la cartera habría suscrito al menos cuatro contratos con una misma empresa dedicada al suministro de personal, lo que, a su juicio, plantea serios interrogantes sobre la transparencia, la planeación y el uso adecuado de los recursos públicos.
Valencia señaló que el volumen del gasto resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el Ministerio de la Igualdad es una de las entidades más recientes del Gobierno nacional y que, en teoría, debería encontrarse en una fase inicial de estructuración administrativa. En ese sentido, la senadora cuestionó la necesidad de recurrir a contratos de tan alto valor para la vinculación de personal, en lugar de fortalecer una planta estable que garantice continuidad, control y eficiencia en la gestión pública.
La congresista también advirtió que la contratación reiterada con una sola empresa podría vulnerar principios básicos de la contratación estatal, como la libre competencia y la selección objetiva, por lo que pidió a los organismos de control —incluida la Contraloría General y la Procuraduría— que revisen con detalle la legalidad y conveniencia de los contratos mencionados. A su juicio, este tipo de prácticas podría convertirse en un precedente negativo para una entidad que fue creada con el objetivo de promover la equidad, la inclusión y el cierre de brechas sociales.
La denuncia se suma a un debate más amplio sobre el funcionamiento y los costos del Ministerio de la Igualdad, que desde su creación ha sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de algunos sectores de opinión pública. Mientras el Gobierno defiende la importancia de la cartera para coordinar políticas sociales dirigidas a poblaciones históricamente excluidas, sus detractores insisten en la necesidad de mayor claridad sobre su estructura, su impacto real y el manejo de su presupuesto.
Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no ha emitido una respuesta detallada frente a las acusaciones de la senadora Valencia. No obstante, el señalamiento ya abrió un nuevo frente de discusión política y podría derivar en investigaciones formales que determinen si existieron o no irregularidades en la contratación y si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley y a los fines para los cuales fue creada la entidad
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